Pérez tilda de "monstruosidad" el intento de meterle en prisión en Venezuela
El optimismo característico del ex presidente Carlos Andrés Pérez se topó en la noche del jueves con una dura prueba: una posible condena de cuatro años de prisión por "malversación agravada" de 17 millones de dólares (algo más de dos mil millones de pesetas) de fondos reservados, presuntamente cometida en 1989, y cuya sentencia debe decidir la Corte Suprema de Justicia en los próximos 15 días. Pérez calificó de "monstruosidad" el proyecto de sentencia del magistrado Luis Manuel Palis, miembro del Tribunal Supremo, por el que además de la pena solicitada, podría quedar privado de su condición de senador vitalicio, es decir, no recibiría más la pensión legislativa -es algo que deberá decidir el Congreso-, y perdería sus derechos políticos futuros, según dicta la Constitución. Peres, en declaraciones a EL PAÍS, dijo estar seguro de que eso no llegará a ocurrir."Veremos lo que decide la Corte Suprema", dijo Pérez, quien cree que la decisión podría darse a conocer en una semana. "El proyecto de sentencia no se atiene a derecho como todo en este juicio político", llevado a cabo desde hace dos años y medio y por el que se le destituyó de la presidencia en 1993, ocho meses antes de concluir su mandato.
En caso de resultar condenatoria, Pérez confiesa que "acataré la decisión". Ante la pregunta de ¿qué va a hacer después?, respondió: "No me queda otro remedio que cumplir". Y ante el ¿cómo?, dijo: "Con una mano amarrada y la otra suelta". Por supuesto, encerrado en su residencia de La Ahumada, donde ha vivido hasta ahora y donde permanecerá un año y medio más hasta cumplir los cuatro años de la condena.
A pesar de admitir que su esperanza de un absolución se aleja cada día después del proyecto de la condena dijo: "Sigo con mi posición de firmeza y claridad", no obstante de considerar el proceso hecho en su contra como algo "horrible y una infamia".
Aunque reiteró su inocencia, aseguró que es "el chivo expiatorio" del actual Gobierno. El resultado del juicio ha sido en su opinión "una persecución del presidente Rafael Caldera".
