Bruselas dice que la Junta de Andalucía no cree en el futuro de Intelhorce

Que cada palo aguante su vela. A la declaración de la Junta de Andalucía de que la salvación de la antigua Intelhorce no es posible porque la Comisión Europea exige la devolución de las ayudas públicas, Bruselas ha contestado con saña: "Es la propia Junta andaluza la que nos dijo a nosotros que la solución de integrar a los trabajadores en el capital no tiene futuro", según señalaron ayer fuentes comunitarias.

El portavoz del comisario Karel van Miert fue más discreto al decir que las ayudas de Estado recibidas por Intelhorce se han de devolver, pero no porque se le haya ocurrido ahora a Van Miert, sino porque así lo ratificó en 1994 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.Bruselas empieza a estar hasta cansada de que los políticos carguen sobre sus anchas espaldas las decisiones impopulares. La Junta de Andalucía se escuda en el ejecutivo comunitario para justificar que hasta ahora no se haya constituído la nueva empresa llamada a suceder a la quebrada textil malagueña Intelhorce. La nueva empresa debería tener un capital social de 1.200 millones de pesetas aportado en un 51% por los trabajadores, un 47% la Junta de Andalucía y un 2% el Ayuntamiento de Málaga.

La Comisión dice que la empresa se puede constituir en cualquier momento, pero que en ese caso debe ser informada. Y da por hecho que se abriría un proceso de investigación si los nuevos propietarios no devuelven las ayudas de Estado recibidas por la antigua Intelhorce: 4.405 millones de pesetas de ayudas que con los intereses de demora supondrían hoy más de 6.704 millones de pesetas. A eso hay que añadir las pérdidas y nuevas deudas que tenía la empresa antes de su paralización.

Esa exigencia es tanto como matar el proyecto de incorporación de la Junta y de los trabajadores al capital. Pero Bruselas se escuda diciendo que es el Tribunal de Luxemburgo el que ha declarado ilegales las ayudas de Estado y el que obliga a la empresa a devolverlas al Estado español. Y que son las leyes españolas las que obligan a agotar todas las vías legales para ese objetivo.

Nueva demora

Pero frente a ese purismo legislativo, el equipo de Van Miert -el poderoso comisario responsable de los temas de la competencia, que pasa por ser el auténtico martillo de un buen número de ministros españoles- no oculta que si el reflotamiento de Intelhorce viniera desde la empresa privada las cosas podrían verse de otro modo. Bruselas no con ve con buenos ojos ni que dejen de devolverse las ayudas ni que los activos de la antigua Intelhorce pasen a manos de la nueva empresa a precio simbólico. "Pero si hay unos nuevos propietarios que consideran que tienen derecho a ayudas de Estado legales, que las pidan y lo estudiaremos. Nosotros no tenemos ningún interés en perjudicar la economía de Málaga o de Andalucía".Los ex trabajadores de Intelhorce volvieron a recibir ayer una bofetada. Como tal encajaron las palabras del nuevo consejero de Trabajo e Industria, Guillermo Gutiérrez, quien poco después de su toma de posesión descartó que mañana se pueda celebrar la asamblea constituyente de la sociedad heredera de Intelhorce. Gutiérrez planteó una nueva demora de un mes (desde que se cerró la fábrica han pasado ya nueve meses) alegando "problemas burocráticos", ínforma Diego Narváez.

El consejero explicó que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que participa en la nueva sociedad con un 47% del accionariado, necesita un mes "para comprobar el expediente", y pidió tranquilidad a los sindicatos porque "la voluntad de la Junta es la misma y no hay vuelta atrás".