El juez investiga el vínculo de dos condenados por el 'caso Calvià' con la cúpula del PP

El juez José Castro, de Palma de Mallorca, que instruye la reapertura de la causa del caso Calvià -el intento de soborno con 100 millones de pesetas a un concejal del PSOE, realizado por dos militantes del PP y un intermediario en 1992, con sentencia firme del Supremo de 1994- ha citado a declarar como testigo, el próximo día 27, al diputado gallego del PP Arsenio Fernández Mesa, para que explique si conoció la posible vinculación de la cúpula balear del partido conservador con el delito.En sucesivas rondas de declaraciones pasarán por el Juzgado Francisco Gilet, consejero del Gobierno balear entre 1983 y 1993 y diputado en el Congreso en la pasada legislatura, y Eduardo Vellibre, ex presidente del PP de Calvià y ex alto cargo del Ejecutivo balear.

El instructor quiere determinar con la declaración de Fernández Mesa si son ciertas las revelaciones de los dos conservadores condenados -Andrés Bordoy y Miguel Deyá- acerca de una entrevista que mantuvieron con el diputado en la sede nacional del PP, en Madrid, a finales de 1994. Bordoy dice haber informado a Fernández Mesa de la involucración de altos cargos del PP balear en la trama.Andrés Bordoy, condenado a cuatro meses de arresto y a 100 millones de la multa quería cobrar este dinero del PP. De modo que remitió cartas a José María Aznar y asegura que hizo escuchar a Fernández Mesa diversas grabaciones de entrevistas con dirigentes del PP balear, registradas sin conocimiento de ellos, mientras se referían al posible pago de la sanción y a las circunstancias del soborno.

Bordoy acusó ante el juez al ex consejero Francisco Gilet de planear la trama y dirigir el soborno frustrado. Y entregó hace dos meses a Castro un documento de reconocimiento de deuda Y posible asunción de responsabilidades que le firmó el ex líder local del PP, Eduardo Vellibre, que se habría beneficiado de una hipotética moción de censura para arrinconar a la alcaldesa del PSOE, tras comprar el voto de un edil socialista. El otro militante condenado, Miguel Deyá, mantuvo en el Juzgado una posición menos contundente hacia el PP.

Gilet, antes de ser citado ni implicado por el juez, ha designado como director de su defensa al catedrático Manuel Cobo del Rosal y como actuantes legales a letrados locales vinculados al Opus Dei, como también lo está él. Se trata de Rafael Perera y Antonio Monserrat.