Cien juristas afirman que hay que fomentar la pluralidad antes que castigar la intolerancia

El Grupo de Estudios de Política Criminal -integrado por más de 100 juristas, la mayoría catedráticos de Derecho Penal, además de jueces y fiscales- ha elaborado un Manifiesto sobre diversidad cultural y política criminal, según el cual el Estado social y democrático debe promover la pluralidad, más que reprimir penalmente a los intolerantes. El documento critica el planteamiento del nuevo Código Penal, que entrará en vigor el.25 de mayo, ya que al agravar, los delitos cometidos por motivos racistas o castigar la provocación al odio racial contradice la "protección constitucional de la libertad ideológica" y puede conducir a interpretaciones penalizadoras del pensamiento", según este grupo.

El colectivo de penalistas nació en 1989 en Málaga con un manifiesto por la legalización de la droga. Después aprobó un documento por la eutanasia, y en 1995 se pronunció sobre la insumisión y la objeción al. aborto y a la eutanasia. El cuarto manifiesto ha sido elaborado en San Sebastián. El documento inicial desencadenará un proceso de estudio, con sendas comisiones sobre el tratamiento penal de la discriminación y sobre extranjería.Entre los promotores del manifiesto figuran Adela Asua, catedrática de Derecho Penal, y Patricia Laurenzo, profesora. Intervinieron, entre otros, los catedráticos o profesores de Derecho Penal- Francisco Muñoz Conde,José Luis Díez-Ripollés, José Luis de la Cuesta, Juan María Terradillos, Borja Mapellí, Antonio Beristain, Elena Larrauri, Catmen Lamarca, Norberto de la Mata y Juan Muñoz. También. participaron. los magistrados Juan Cremades, Garbifle Biurrun, Manuel Morán, Ramiro García de Dios y Ramón Sáez.

Acciones positivas

El manifiesto parte de la conveniente coexistencia de grupos humanos de muy diverso origen y cultura y de que la Constitución apunta a "un modelo de convivencia basado en la tolerancia recíproca e integración .efectiva". De ahí que "las respuestas legales a dicho fenómeno no deben abordarse", razona, "como soluciones a un problema de las sociedades modernas, sino como medidas de foménto y protección de uno de los pilares sobre los que se asienta nuestro modelo de convivencia". Propugna acciones integradoras, que desarrollen una sociedad "cada vez más permeable a los valores provenientes de culturas no mayoritarias".Frente al riesgo de un derecho penal que obtenga "soluciones rápidas y al hilo de los acontecimientos, sin una reflexión profunda de sus consecuencias", el grupo propone que los criterios político-criminales para abordar el multiculturalismo partan de los principios constitucionales.

Propone que el Estado prevenga las actitudes discriminatorias mediante estrategias de integración de minorías religiosas, extranjeros o gitanos. Pero admite que, frente a las agresiones contra estos grupos, es legítima la intervención penal. Así, considera correcto que el nuevo Código Penal castigue, como ilícitas, las asociaciones que "aún teniendo un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución".

En cambio, cree replanteable el nuevo delito de provocación al odio racial o la agravante de actuar por motivos racistas, ''que pueden conducir a interpretaciones penalizadoras del pensamiento" y contradecir "la protección constitucional de la libertad ideológica". Critica también los "distintos rangos". en la protección penal, como cuando se penaliza expresamente "el antisemitismo".

El documento afirma el deber del propio Estado de evitar actuaciones discriminatorias o que favorezcan "valoraciones sociales negativas hacia ciertos grupos humanos", como los extranjeros. Critica las facilidades que da el nuevo Código Penal para la expulsión de los extranjeros condenados o simplemente procesados. Y reprocha aún más la detención preventiva, el internamiento, la devolución sin expediente, el rechazo en frontera o la permanencia en la aduana del solicitante de asilo.

Recuerda también las dificultades de los presos extranjeros para los permisos de salida o acceder a desintoxicación, proyectos educativos, régimen abierto o libertad condicional. El manifiesto considera tales prácticas "una manifestación de racismo institucional, porque en estos casos el Estado actúa como ente legitimador de la exclusión de la comunidad política de ciertas minorías".