Naturaleza de Itoiz

LOS AUTORES del atentado contra las obras del pantano de Itoiz, en Navarra, invocan la ilegalidad de las mismas como motivo de su intervención violenta. Pero si el argumento es la legalidad, el respeto a la misma habría exigido esperar a que los tribunales se pronuncien definitivamente sobre la cuestión. Además, esas eventuales ilegalidades administrativas nunca podrán justificar la injusticia manifiesta de un atentado: de una acción deliberada de destrucción violenta -nada de sabotaje pacífico, paradoja imposible- que produce daños por valor de mil millones de pesetas que de una u otra forma habrán de sufragar los ciudadanos; y que deja en la calle, por un plazo mínimo de seis meses, a más de 300 trabajadores.El pantano de Itoiz aspira a resolver problemas planteados por la relativa escasez de agua; es una obra humana destinada a paliar en lo posible los efectos de una naturaleza hostil o al menos no siempre benéfica. La idea según la cual la naturaleza es sabia, y perverso todo intento de modificarla o domeñarla, pertenece al orden de la superstición. Por supuesto que hay que intentar evitar la contaminación del aire o de los ríos y tratar incluso de mantener los montes y valles tal como se han conservado durante generaciones. Pero todo ello sometido en última instancia a las necesidades de los seres humanos. No hay derechos de la naturaleza que puedan esgrimirse contra necesidades humanas como la de disponer de agua para beber o regar los campos que producen los alimentos.

Si el pantano de Itoiz es necesario, o siquiera conveniente, es una discusión abierta. Existen cauces para ello. Esa discusión ha alcanzado estatuto jurídico a raíz del recurso presentado por personas opuestas a su Construcción. Las instituciones han asumido una indudable responsabilidad al decidir proseguir las obras pese a una primera sentencia de la Audiencia Nacional que estimaba parte de los argumentos de los conservacionistas y de un auto posterior que establecía ciertas limitaciones para autorizar la continuidad de los trabajos. Esa sentencia está recurrida ante el Supremo, por lo que no es firme. Tanto el Gobierno de Navarra como el Ministerio de Obras Públicas sostienen que la obra es imprescindible y que su impacto ambiental es asumible, y presentan para ello certificaciones de indiscutible peso.

El intento de paralización preventiva. de los trabajos no prosperó porque los tribunales exigieron para ello una fuerte fianza (lógica, dado el perjuicio que causaría una interrupción que podría durar años). Pero los ecologistas sospechan que al proseguir las obras, invirtiendo fuertes sumas de dinero, los responsables del proyecto llevan a cabo una política de hechos consumados. Contra ella se han producido diversas iniciativas pacíficas que a decir verdad no han obtenido gran eco en la población.

Ello se debe seguramente a que se trata de una cuestión discutible, no evidente por sí misma. Pretender sacudir, la conciencia ecologista de las gentes a base de atentados que cuestan cientos de miles de millones a los contribuyentes, aparte de revelar una mentalidad autoritaria, antidemocrática, constituye un delito. En nombre de esa legalidad por ellos invocada, los autores del atentado tendrán que responder ante la justicia por su ilegal -e injusta- acción; del mismo modo que habrán de hacerlo los responsables de la obra si los tribunales establecen en sentencia firme que han conculcado la ley.