El Reino Unido y Suecia se enfrentan al resto de la UE por el nuevo Sistema Monetario Europeo

Bruselas - 11 abr 1996 - 00:00CEST

El Reino Unido y Suecia se oponen al diseño de un nuevo Sistema Monetario Europeo como mecanismo regulador de las relaciones cambiarias entre los países de la Unión Europea (UE) que accedan a la unión monetaria en el primer pelotón (los in) y los que queden relegados para un momento posterior (los out). Creen que para conseguir la estabilidad monetaria basta respetar un objetivo determinado de inflación. El nuevo sistema monetario es el objetivo central de la reunión informal que los ministros de Economía de los Quince tratarán mañana y pasado en Verona.

Los 15 ministros de Economía pretenden poner la primera piedra del mecanismo que debe relacionar a los in y a los out. Pero el desacuerdo inicial es completo.El presidente del Instituto Monetario Europeo (IME), Alexandre Lamfalussy, manifestó el pasado día 2 que contaba "con el apoyo de todos los gobernadores" de los bancos centrales para la propuesta que realizará mañana y el sábado. Su idea es que el SME-bis sea un calco del SME, pero referido al euro, con bandas de oscilación anchas -hoy son del 15% por arriba y por abajo-, pues considera que pese a su laxitud, ha funcionado bien desde la crisis de agosto de 1992. Casi nadie quiere correr el riesgo de poner al IME, que se transformará en Banco Central Europeo (BCE) al nacer el euro, ante el disparadero de un exceso de intervención en los mercados provocado por bandas demasiado estrechas.

Sin embargo, los representantes de los ministros del Reino Unido y de Suecia -también de Finlandia, aunque menos- se opusieron el martes, en el último Comité Monetario, a la idea mayoritaria de crear un nuevo SME obligatorio para todos los países de la Unión. El Reino Unido cuenta con una cláusula de exclusión -opt out- reconocida en Maastricht y Suecia considera que también le beneficia a ella, contra el criterio de sus socios. Su alternativa, un mero techo común de inflación, es considerada "insuficiente" por los demás, como ayer recalcó el comisario de Asuntos Monetarios, Yves-Thibault de Silguy. "A veces los mercados rechazan resultados macroeconómicos suficientemente exitosos", ilustró.

Los padres del SME-bis son Francia y Alemania. Los ministros Theo Waigel y Jean Arthuis acordaron a final de marzo en Laval un esquema de cuatro patas. Primera: la relación entre el euro y las monedas de la UE que no accedan a él debe orquestarse mediante un esquema de cambios flexibles similar al del actual SME. Segunda: este esquema será "solidario", esto es, el BCE deberá intervenir en los mercados financieros en favor de las monedas ligadas al euro pero no integradas en él, aunque sólo cuando sufran "ataques injustificados" de los especuladores. Tercera: esas intervenciones no podrán ser "ni ilimitadas, ni automáticas". Y cuarta: el esquema se asentará sobre el "pacto de estabilidad", que incluye sanciones automáticas a los países incumplidores de rigor presupuestario.

Estos grandes ejes responden a una triple urgencia: que la zona euro se vea rodeada de un área de estabilidad cambia-ria; que los excluidos del euro no atenten contra la coherencia del mercado interior mediante devaluaciones competitivas; que la política de convergencia se profundice.

Casi todos los demás están de acuerdo en el planteamiento. Con matices. Holanda y Austria propugnan que el SME-bis obligue a todos a mantener unas bandas más estrechas con el euro que las actuales del SME. España -país que podría quedar inicialmente excluido- no encuentra inconvenientes en un SME-bis, aunque eso le supusiera pechar con las mismas obligaciones que los in, sin las ventajas que comporta estar dentro del euro. "No sería muy diferente a lo actual. Las intervenciones son hoy teóricamente ilimitadas, pero en la práctica cuando el Bundesbank las considera excesivas se procede a un realineamiento", dice el Ministerio de Economía.

Maastricht y el déficit cero

Otro asunto estrella del Ecofin de Verona será el "pacto de estabilidad" propuesto por el ministro alemán de Finanzas, Theo Waigel. En síntesis, ese pacto, lanzado el pasado otoño, pretende que la política de convergencia de los déficit públicos hacia el 3% se convierta desde la instauración del euro en más rigurosa, cambiándose el objetivo del déficit moderado en las finanzas públicas por el del equilibrio presupuestario, es decir, un déficit cero. Para asegurarse de que todos los países se tomarán en serio ese propósito, la propuesta se acompaña de una panoplia de sanciones de imposición automática. La principal es la retención de un depósito equivalente al 0,25% del PIB por cada punto de déficit que exceda el techo máximo del 3%, que al cabo de dos años se convertiría en multa por el mismo importe.El problema de este pacto es que, en parte, topa con el Tratado de Maastricht. Los expertos del Comité Monetario consideran que "sin tocar el texto del Tratado" se puede convertir el objetivo de moderación presupuestaria en objetivo de equilibrio presupuestario. Bastaría para ello con modificar por unanimidad el Protocolo anejo sobre los déficit excesivos, porque el Tratado sólo menciona el objetivo de rigor presupuestario, y se remite al Protocolo para fijar el umbral o tope concreto deseado. Igual que éste es ahora del 3%, puede sustituirse por el 0%. También el procedimiento sobre déficit excesivos,' que permite imponer sanciones económicas -sobre todo a los países beneficiarios de la cohesión: España, Irlanda, Portugal y Grecia-, aunque tras un proceso largo y contradictorio, podría adecuarse al nuevo objetivo, mediante un reglamento comunitario.

Pero donde no hay manera de sortear el Tratado de Maastricht es en el automatismo de las sanciones, automatismo que sus redactores no incorporaron al texto. Y sin embargo, éste es el elemento clave de la propuesta de Waigel: es el que tiene efectos disuasorios contra las tentaciones de laxismo presupuestario. Y en él confía Bonn para tranquilizar a la opinión pública alemana en el sentido de que el sustituto del marco no verá mellada su credibilidad en el mercado por la contaminación de países con finanzas públicas desordenadas.