Petición de 7 años de cárcel para un jefe de carreteras

El mantenimiento de una señalización inadecuada y de ciertas condiciones anómalas en la vía fueron las causas, a juicio de la Fiscalía, de los 240 accidentes de tráfico ocurridos en menos de cinco años en un tramo de apenas veinte kilómetros de la Nacional 323, conocido como la "ruta de la muerte", en los que perdieron la vida 60 personas y resultaron heridas 417 personas.El fiscal pidió ayer siete años de cárcel y otros tantos de inhabillitación, para el jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, Rafael Villar Rioseco. Los perjudicados, por su lado, mantuvieron que las víctimas mortales rebasan con creces el, centenar. La Asociación de Damnificados de la 'Carretera de la Muerte', que agrupa a unos 150 accidentados y familiares de fallecidos, puntualizó que Villar. no es el único responsable y anunció que ampliará la imputación a los técnicos del MOP que participaron en la señalazación de la ruta.

El fiscal mantiene que Rafael Villar conocía por razón, de su profesión y de su cargo que la señalización vertical y horizontal colocada en, un tramo de 20 kilómetros en la Nacional 323 -la Bailén-Motril, que se halla ahora en proceso de desdoblamiento- "no correspondía a una vía de las características que ésta presentaba". La carretera, agrega el escrito del fiscal, permitía "desarrollar una velocidad claramente inadecuada para las características reales de la carretera, tales como pavimento deslizante, firme en mal estado, curvas sin visibilidad que permiten el adelantamiento, arcenes no transitables y con anchura insuficiente para las condiciones de la vía, peraltes incorrectos, etcétera". Pese a ello, explica el fiscal, Rafael Villar "resolvió no sólo mantener lo existente sino establecer en numerosos puntos kilométricos una señalización inadecuada a las exigencias que legal y reglamentariamente son exigidas".

El tramo mortal de la carretera, comprendido entre el kilómetro 382 al 400,5, fue puesto en funcionamiento el 19 de marzo de 1987, aunque las obras proyisionales fueron recibidas en octubre de 1988 y las definitivas en enero de 1990. Desde su apertura al seis de febrero de 1992 (día en que el juez de paz de Iznalloz, José Luis Hernández-Carrillo "harto", dijo, "de levantar cadáveres y evacuar heridos" presentó una denuncia) la Fiscalía ha contabilizado 240 accidentes los que murieron 60 personas, 165 resultaron con lesiones graves y otras 262 con heridas leves.