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El Gobierno estima que Cablevisión es competencia exclusiva de España

Van Miert considera que se ha querido puentear a la Comisión

El Gobierno considera que la sociedad Cablevisión, creada por Telefónica y Canal + para explotar servicios de televisión por cable, debe estar sometida "exclusivamente" a la legislación española. Así lo aseguraron ayer fuentes del Ministerio de la Presidencia tras conocer las últimas afirmaciones del comisario europeo de la Competencia, Karel van Miert, quien afirmó que las empresas que integran Cablevisión habían cometido una "falta muy grave deliberada" y que se ha querido puentear a la Comisión sustrayéndose a la competencia de Bruselas.

Por su parte Telefónica y Canal + se remitieron a la nota conjunta que hicieron pública el pasado fin de semana en. la, que consideran que se trata de un conflicto entre la Comisión Europea y el Gobierno españoI. En la misma nota señalaban que Cablevisión ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones jurídicas ante las autoridades españolas y comunitarias y calificaban de improcedente la apertura del pliego de cargos por la Comisión.Fuentes del ejecutivo español rechazaron las acusaciones de Van Mier señalando que no tienen ninguna razón de ser "puesto que se trata de una operación de dos empresas de carácter estrictamente español que han cumplido las normas vigentes y las condiciones impuestas por el Gobierno". "Nuestra posición es clara a este respecto: la operación está exclusivamente sometida la ordenamiento jurídico español".

Esta fue la respuesta del Gobierne. al comisario de la Competencia, Karel Van Miert, quien ayer le criticó por haber autorizado la concentración de Cablevisión "a sabiendas" de que el Tribunal de Defensa de la Competencia español -un órgano administrativo dependiente de Hacienda consideró que la operación tenía "dimensión comunitaria" y, por tanto, la "competencia exclusiva" del caso correspondía a la Comisión.

En tono duro, Van Miert dijo que espera la contestación al pliego de cargos de las empresas asociadas enviado el viernes pasado para, en su caso, abrir un procedimiento por infracción contra España, porque "si ahora las empresas se esconden bajo el Gobierno es que en realidad acusan al Gobierno". Le imputó que "por la vía, de imponer ciertas condiciones" haya "tratado de evitar que hubiera que notificar a Bruselas", y sostuvo. que las condiciones "no son de naturaleza tal que provoquen un cambio de nuestra actitud" sobre la dimensión comunitaria de la operación.

Posibles medidas

También anunció que está estudiando la posibilidad de imponer "medidas provisionales" a fin de paralizar la actuación de Cablevisión, aún reconociendo que éstas sólo podrían llegar después de recibir las respuestas de las empresas. Con ello venía a sentar la inexactitud de que la carta enviada el 6 de febrero paralizase el proyecto, como indicaron entonces algunos medios.

Aparte de estas dos advertencias a Gobierno y empresas, el comisario no ofreció más novedades que la contundencia del tono al recordar la posibilidad de que la Comisión impusiese sanciones al acabar el procedimiento (de hasta 50.000 ecus [ocho millones de pesetas] y de hasta el 10% de la facturación, subrayó), y el cálculo de que éste, podría terminar "no antes de final de junio". Sólo después se entraría en la "cuestión de fondo", si la alianza pudiera distorsionar la competencia a. nivel europeo. Ahora la pelota está en el tejado de las empresas, que deben responder; luego se celebrarán audiencias con los afectados; después intervendrá el Comité Consultivo. sobre Concentraciones. Sólo al final la Comisión decidiría sobre eventuales sanciones, si no hay recursos.

¿Cuál fue la razón de la rotundidad expresiva del comisario en un asunto que de momento es sólo procedimental? Porque rotundo lo fue, al señalar que "este caso es muy importante"; al opinar que las presuntas "infracciones" son "extremadamente graves", "deliberadas y no cometidas por ignorancia"; y al enjuiciar que las empresas "han tratado de escapar a la aplicación del reglamento comunitario de concentraciones" y "sustraerse" así a la jurisdicción de Bruselas. La explicación parece sencilla, según el mismo Van Miert la formuló. Es la primera vez que, desde que entró en vigor el reglamento de 1989, los protagonistas de una concentración discrepan de Bruselas sobre la notificación de la misma: "si admitimos este género de cosas, el Reglamento sobre concentraciones quedará vaciado de su sustancia". La Comisión defiende con uñas y dientes competencias que considera suyas.

Van Miert negó haber mantenido contactos con el Partido Popular. En este tipo de expedientes, eso "sería completamente contrario a nuestra deontología", dijo. "Todo el mundo puede escribir cartas", añadió, "o telefonear, pero eso es otra cosa...". Sabedor de la influencia que el PP español tiene en el interior de los servicios de la Competencia de la Comisión, se escudó en que "el criterio del Servicio Jurídico ha sido concordante" con el de aquellos en este expediente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de abril de 1996