El fiscal pide que se archive una causa por cohecho contra el consejero catalán Subirà

La Fiscalía de Barcelona ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que archive las diligencias contra el consejero de Industria de la Generalitat, Antoni Subirà, por un aval de 58 millones, concedido en 1981 por la Administración autonómica a una empresa familiar del entonces portavoz de CiU en el Parlament y que resultó impagado. Ocho años despues, una empresa ligada a Felip Massot pagó esa deuda en vísperas del nombramiento de Subirá como consejero. Massot se benefició luego de una recalificación de terrenos. El fiscal entiende que el supuesto delito de cohecho ha prescrito.

La fiscalía ha remitido un informe al magistrado del TSJC instructor del caso, Jesús Corbal, en, el que indica que el delito investigado habría prescrito por un solo día, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 191 de Barcelona, Juan Manuel Soler, tuvo que remitir el caso al TSJC porque el consejero de la Generalitat es persona aforada, informa Europa Press.A la vista del informe de la fiscalía, el magistrado encargado del caso deberá decidir si da carpetazo definitivamente al caso.

En 1981 la empresa Subirà y Compañía recibió una ayuda en forma de aval de 58 millones de pesetas de la Comisión de Ayuda para la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC), dependiente de la Generalitat. La Generalitat y las entidades financieras abonaron los créditos a la firma ligada al responsable de Industria catalán.

Subirà y Compañía, sin embargo, no pagó la deuda a los bancos y CARIC tuvo que hacer frente al aval impagado. Años más tarde, y poco antes del nombramiento de Subirà como consejero, a finales de 1989, la deuda fue saldada por Ramon Torrellas. El dinero procedía de una cuenta de la sociedad Inversiones y Negocios Inmobiliarios, controlada por la familia Massot Feliu. Esta familia es propietaria del polígono Mas Blau I y II, ubicación defendida por Subirà para ampliar la Fira de Barcelona.

Posteriormente, el juez de instrucción encontró en 1994 indicios de cohecho en esa coincidencia. El mismo magistrado trasladó después la causa al TSJC.