El Defensor del Pueblo cita a Ruiz-Gallardón por la incineradora

VIENE DE LA PÁGINA 1Madrid vacía su basura junto a Rivas-Vaciamadrid, advierte el adjunto al Defensor del Pueblo Antonio Rovira. Un juego de palabras que expresa gráficamante la injusticia de que sólo los alrededores de este municipio sean un basurero, lo que no sucede en ningún otro de la región. Allí se encuentran el vertedero de residuos sólidos, el de clínicos, el de restos de animales (cerrados ambos desde enero) y la incineradora.

Los concejales de Izquierda Unida de Rivas-Vaciamadrid, así como asociaciones de vecinos del municipio, transmitieron hace dos meses al Defensor su preocupación por la suma de emisiones contaminantes, tanto atmosféricas como en el subsuelo, que se producen en su entorno. Es una vieja reclamación del municipio, que desde hace años se considera a sí mismo el basurero de la región.

Por ejemplo, el vertedero de residuos sólidos -al cual llegan a diario las 3.600 toneladas de desechos que arrojan al cubo de la basura los vecinos de la capital- sufre habitualmente combustiones espontáneas cuyos humos salen al aire sin filtro alguno. Hasta enero, lo mismo sucedía con el vertedero de restos clínicos y con el de animales. En este último, por ejemplo, se queman, entre otros restos, los alijos de estupefacientes.

El Defensor del Pueblo entiende que Rivas sufre la suma de, todas las emisiones que se producen en los tres vertederos y en la incineradora. Por tanto, considera prudente que se elaboren evaluaciones de impacto ambiental teniendo en cuenta esta concentración.

El Defensor considera que es una obligación del Gobierno regional actuar con previsión para acabar con esta falta de solidaridad con una zona de la región.

La oficina no va a decirle a Alberto Ruiz-Gallardón cómo debe actuar, pero sí que lo haga utilizando los elementos a su alcance. Por ejemplo, el planeamiento territorial es un instrumento para corregir, en un plazo medio, la distribución de las plantas de depósito y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Impacto ambiental

El expediente abierto ya en 1994 por el Defensor del Pueblo se detiene con detalle en la incineradora. Muy voluminoso, sigue todo el proceso de puesta en marcha de la misma. Por ejemplo, contiene un informe de impacto ambiental efectuado por el Ayuntamiento antes de su construcción, pese a que entonces no era obligatorio según la normativa vigente.

La inexistencia de un informe de impacto previo al asentamiento de la incineradora fue precisamante uno de los motivos que movieron a la Fiscalía de Madrid a investigar todo el proceso administrativo referido al horno. En este mes, el Tribunal Superior de Juisticia de Madrid ha admitido a trámite el recurso de la fiscalía sobre la apertura de la incineradora.

El Defensor del Pueblo no cuestiona la puesta en marcha de la planta, pero sí el seguimiento posterior. Aunque todavía funciona en pruebas, de forma que los tres hornos que la forman sólo queman un 5% de basuras y el resto de gasóleo, la institución considera que es obligación del Gobierno regional aplicar la normativa europea que existe sobre estos hornos de basura. Entiende que la normativa es muy reastrictiva, pero que esta circunstancia no impide al Gobierno regional ir aplicándola progresivamante. La Comunidad ha recurrido a esta normativa en cuanto a las condicones de combustión en los hornos y a los valores límite de emisiones antes de que exista en la región una legislación que obligue a ello.