España defiende hoy en la ONU que la lucha contra ETA se enmarca en su política de derechos humanos

España defenderá hoy ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que la política antiterrorista del Estado español "debe ser considerada como una forma, activa e imprescindible, de desarrollo de la política pública de derechos humanos". En la presentación en Nueva York del cuarto informe periódico sobre España, el representante del Ministerio de Justicia, Juan Luis Ibarra, resaltará la aprobación del nuevo Código Penal y la decisión adoptada en noviembre de 1995 de abolir la pena de muerte en los supuestos recogidos en el Código Penal Militar: "No hay resocialización alguna en la muerte. El respeto a la vida es no ya sólo un derecho más, sino la premisa previa a toda la política de derechos humanos".

España incorporó en 1977 a su ordenamiento jurídico el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado en Nueva York por la Asamblea General de la ONU. Los anteriores informes se presentaron en 1979, 1985 y 1990. En la comparencia de hoy se revisará el cuarto informe periódico redactado por el Ejecutivo en abril de 1994 y modificado este mismo mes. En el texto, que será presentado por el secretario general técnico del Ministerio de Justicia e Interior, Juan Luis Ibarra, se hace un repaso de la política relacionada con esta tipología de derechos y se pone el acento en las prácticas y decisiones de los tribunales y de otros órganos del Estado Como el Defensor del Pueblo y las comisiones de investigación parlamentarias.En el texto principal, de 59 páginas, se asegura a manera de introducción que "la democracia en España, restablecida en 1978, ha superado ya su fase de rodaje y prácticamente, en la actualidad, todas las normas relativas a derechos y libertades fundamentales están ya en plena aplicación". En uno de los apartados se hace referencia a la decisión del Ejecutivo de hacer público este mes los tres informes realizados por el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. España ha sido el último país de la Unión Europea en dar luz verde a la publicación de estos documentos.

El representante del Gobierno español argumentará que la no publicidad era "muy perjudicial, ya que podía dar la impresión de la presencia de hechos o datos ocultables, lo que no sólo no era cierto, sino que además colocaba a España en una situación no cómoda con respecto a otros estados en peticiones de extradición".

Pese a que en todos los informes -incluido el último de 1994- se subraya que es "prematuro llegar a la conclusión de que han sido erradicados los fenómenos de tortura y malos tratos", España resaltará la "inexistencia de características diferenciales de España en relación al resto de los Estados" y asegurará estar a la "cabeza en la prevención y protección de los derechos humanos".

No se menciona a los GAL

Ni en la intervención de Ibarra ni en el documento principal se mencionan expresamente a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), ni el procesamiento de los máximos responsables de Interior mientras esta organización terrorista estuvo en activo (1983-1987), incluido el ex ministro del Interior José Barrionuevo. Tampoco se mencionan las sospechas que pesan sobre Felipe González en relación con esta trama de terrorismo de Estado.A partir de aquí el informe relata los diferentes derechos reconocidos en el pacto de la ONU. De esta forma se pormenorizan las novedades legislativas y se ponen ejemplos concretos de la práctica de los derechos civiles y políticos en España. En su intervención, Ibarra resaltará por encima de todo la aprobación del nuevo Código Penal, en noviembre de 1995. De él se destaca la reforma total del anterior sistema de penas para que se orienten al fin último de la resocialización. En este punto, el representante del Ejecutivo hará una defensa de la abolición de la pena de muerte, que ya es total en España tras la supresión de los supuestos incluidos en el código militar para tiempos de guerra.

En materia de no discriminación y de igualdad de sexos se subraya el importante avance que, según el Gobierno, ha habido en esta materia (educación, acceso al mercado laboral...). El Ejecutivo admite, sin embargo, que en el campo "estrictamente político la participación femenina es aún inferior a la del hombre". Se desgrana también una serie de medidas de acción positiva -con el aval del Tribunal Constitucional- en materia de contratación femenina, de formación de empleo y las dirigidas a la revisión de los materiales educativos para superar los estereotipos sexuales. Esta política activa para los más desfavorecidos incluye a los menores -con La Ley de Protección del Menor de enero de este año- y las minorías sociales discriminadas por cualquier otro motivo.