CiU estudia plantear un "pacto fiscal" bilateral

Un sector de Convergència Unió (CIU) quiere reclamar del futuro Gobierno la cesión de un tramo sustancial del impuesto sobre la renta de las personas físicas (hasta el 00%, según algunas fuentes), otorgando a las autonomías capacidad normativa plena sobre el mismo. La coalición está estudiando la viabilidad de plantear un cambio radical del sistema de financiación autonómica que proponía en su programa electoral, que se limitaba a reclamar el incremento del porcentaje de participación sobre el rendimiento de ese impuesto del 15% actual hasta el 30%, y extender la participación al 30% del IVA y de los impuestos especiales. La fómula supondría un "pacto fiscal" bilateral entre la comunidad autónoma que reclame ese mecanismo y la Administración.El Partido Popular también trabaja en un nuevo modelo de corresponsabilidad fiscal. Pero lo que propone el partido de José María Aznar es que el Gobierno central y las autonomías se limiten a compartir la tarifa del IRPF. El PP pretende que exista una tarifa que implicaría la Administración central y otra, diferente aunque complementaria, decidida por los gobiernos autónomos. Se descarta un sistema similar para el IVA por dificultades técnicas. La decisión que finalmente se adopte será clave para el nuevo sistema de financiación autonómica, que debe entrar en vigor el 1 de enero del año que viene.

Las fuentes de CiU consultadas rehúyen los términos "concierto" y "cupo", y prefieren hablar de "pacto fiscal", pero la fórmula en estudio, aunque limitada a un solo impuesto, supondría transferir al Estado una cantidad para los gastos comunes, como ocurre con el País Vasco y Navarra, en el supuesto de que el tramo cedido fuera la totalidad del IRPF. Este "pacto fiscal" sería bilateral, porque no pasaría por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La política autonómica -y, dentro de ella, la financiación de la Generalitat- es el núcleo de las cuestiones que CIU quiere negociar con el PP para un hipotético acuerdo.

La cesión de un tramo del IRPF otorgaría a las comunidades autónomas que se acojan a esa fórmula un alto grado de autonomía financiera y de inmediatez en los ingresos. En la actualidad es el Estado el que recauda y luego reparte, a menudo con demoras, entre las autonomías.

Los retrasos en las transferencias procedentes del Estado obligan a los gobiernos autónomos a endeudarse para hacer frente a los pagos. Y la participación actual en el rendimiento del IRPF apenas premia el esfuerzo fiscal. Como además se les otorgaría capacidad normativa plena, los parlamentos de cada autonomía podrían modular la presión fiscal del tramo cedido, alcanzándose una verdadera corresponsabilización fiscal.

En 1995, el IRPF recaudado en Cataluña ascendió a 1,102 billones de pesetas, un 23% del total recaudado en el Estado (4,883 billones). Las transferencias del Estado a Cataluña en ese mismo ejercicio, que serían sustituidas total o parcialmente según fuera el tramo cedido del IRPF, ascendían a 395.000 millones (de acuerdo con el presupuesto de la Generalitat para 1995). Esa cifra no incluye las transferencias para financiar los servicios sanitarios de la Seguridad Social (530.385 millones) y los servicios asistenciales de la misma (17.138 millones).

Libro Blanco

Los responsables del PP basan su proyecto en un Libro Blanco sobre corresponsabilidad fiscal presentado a mediados del pasado año por un grupo de expertos encabezado por el primer secretario de Estado del Gobierno socialista, José Víctor Sevilla. Este informe fue encargado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera -formado por la Administración central y consejerosde Hacienda de las autonomías- con el objetivo de dar una solución general al deseo de los gobiernos regionales de tomar parte activa en la política fiscal. Al mismo tiempo, el Gobierno central quiere descargarse del coste político que comporta recaudar impuestos cuando éstos van destinados en buena parte a las autonomías, cuyo papel es más agradecido, ya que aparecen sólo como prestadoras de servicios.Los expertos señalan como un camino a seguir el de los impuestos compartidos, y se definen a favor de aplicar este sistema tanto al IRPF como al IVA, a los impuestos especiales (gravan el consumo de bebidas, tabaco y gasolinas) y al impuesto sobre el patrimonio, sucesiones, actos jurídicos documentados y tasas de juego. Fuentes de CiU reconocen que resultaría técnicamente muy complicada la cesión del IVA y de los impuestos especiales.

El PP coincide con el modelo de los expertos, pero sólo quiere "compartir" en un primer momento el IRPF, por las dificultades que ello representaría en un impuesto como el IVA: su aplicación se produce en una cadena -desde la producción hasta el consumo final- que normalmente atraviesa varios territorios.

Compartir el IRPF, sea en el porcentaje que sea, supondría dar un giro radical respecto del actual sistema de cesión del 15%, un ensayo de corresponsabilidad fiscal que se aplicó por primera vez en el año 1994 y que estará en vigor por última vez en 1996, según lo previsto.

La diferencia fundamental es que, en el IRPF compartido por las autonomías que propone el PP, éstas tienen capacidad para fijar sus tipos impositivos mediante una tarifa propia, mientras que la cesión del IRPF es un cálculo aritmético de reparto que prima, con unos límites muy estrechos, el esfuerzo fiscal en un territorio y garantiza un mínimo en el caso de una caída de recaudación.

La propuesta de un IRPF compartido implica, en primer lugar, el establecimiento de dos tarifas distintas, una correspondiente a la Administración central y otra a la autonómica. Los tipos impositivos de la tarifa central deberían rebajarse en tantos puntos porcentuales como decidiese aplicar la autonomía. Un primer escenario podría ser que la comunidad quisiera aplicar un tipo fijo de, por ejemplo, un 5%; en ese caso, el tipo máximo del IRPF central pasaría del 56% actual al 51 %. Si la autonomía optase por un tipo progresivo (gravar más cuanto mayores son los ingresos declarados) del 15%, su tipo máximo debería quedar en el 8,40%, y el de la Hacienda central, en el 47,6%; es decir, el 85% de los tipos actuales.

Cada autonomía tendría capacidad de decidir, dentro de un margen que en un principio debería ser general para todas, si reduce o lleva al límite sus posibilidades recaudatorias. También podría aumentarlas, ya que la ley de financiación de las autonomías permite el establecimiento de recargos.

La Comunidad de Madrid, bajo el mandato del socialista Joaquín Leguina, fue la primera en aplicar un recargo en el IRPF, aunque luego lo desestimó por recomendación del presidente del Gobierno, Felipe González. Una sentencia del Tribunal Constitucional declaró procedentes los recargos, si bien ninguna autonomía los ha aplicado aún. El PP no quiere, igualmente, que su propuesta implique una mayor presión fiscal para los contribuyentes.

El nuevo modelo incluye, eso sí, la posibilidad de que las autonomías puedan adoptar decisiones sobre las deducciones que se aplican al impuesto, aunque en un primer momento se recomienda que éstas se apliquen en la tarifa central. Por tanto, su capacidad normativa se limitaría al establecimiento de los tipos.

La presión fiscal teórica no se vería así afectada por el nuevo sistema, ya que en conjunto, los contribuyentes deberían pagar lo mismo y presentarían una sola declaración, aunque más complicada. Otra cuestión es que el contribuyente se anime a declarar mejor sus impuestos cuando en su declaración vea que su esfuerzo fiscal redunda en los servicios que le presta su comunidad. Ahora no sucede así, ya que las comunidades autónomas se financian fundamentalmente con los impuestos que se pagan en todo el Estado, siendo la Administración central quien los recibe y luego se encarga de repartirlos. Con el proyecto del PP, las autonomías participarían muy directamente en la Agencia Tributaria y se implicarían más en la lucha contra el fraude.

El problema que plantea este modelo de impuestos compartidos es que las comunidades ricas lo serían cada vez más -por los mayores impuestos que pagan sus ciudadanos- y con las pobres sucedería lo contrario. Ahora este efecto se diluye porque se hace una caja común con todos los impuestos recaudados -salvo los cedidos a las autonomías- y el Estado los distribuye de acuerdo con unos criterios que suavizan las desigualdades.

Para cubrir un cierto grado de solidaridad interregional, la propuesta del PP de impuestos compartidos se completa con un sistema de transferencias de nivelación. Éstas se efectuarían con cargo a lo que obtenga la Administración central y a los excesos de recaudación de las autonomías sobre sus competencias. Con ello se cubrirían las necesidades de gasto de las autonomías con menos riqueza y, por tanto, con menos recaudación.