La Hacienda federal y los cantones

Las conversaciones entre Aznar y los líderes nacionalistas, Pujol, Arzalluz y Hermoso, giran en gran parte sobre el reparto de los ingresos fiscales, es decir, sobre quién pone la mano en la caja. Para que el ciudadano pueda elegir con los ojos abiertos cuánto gasto público quiere, es esencial que pague su cuota parte de los impuestos correspondientes a ese gasto. Luego las autonomías deben financiarse con impuestos autonómicos y con recargos autonómicos sobre los impuestos estatales, votados por los parlamentos autonómicos.Dos territorios cobran sus impuestos propios y retienen lo allí recaudado con los impuestos estatales: a la Hacienda central, Navarra y el País Vasco no pagan más que un cupo fijo anual. Las demás Autonomías retienen el producto de ciertos impuestos menores, como son patrimonio, sucesiones, derechos reales; además, reciben fondos correspondientes al coste de los servicios transferidos; y por fin también perciben el 15% de lo recaudado por el IRPF. No les extrañe tanto ingreso, pues a las Autonomías corresponde aproximadamente un cuarto del total del gasto público español. Las dos haciendas Torales tienen que quedar como están, de lo que deduzco que Aznar no tendrá problema alguno con los minoritarios nacionalistas vascos para llegar a un acuerdo fiscal: toda la discusión con ellos girará alrededor del cambio de la peseta y de la reducción de las cuotas patronales para la Seguridad Social.

Me sorprendió Durán y Lleida con una reclamación de la "deuda histórica de Cataluña", cuando le entrevistamos en la SER el martes pasado. Los andaluces llevan tiempo llorando porque dicen que la Hacienda central no les ha transferido los fondos correspondientes a los servicios cedidos. Se quejó también ese ilustre político nacionalista minoritario de que los catalanes reciben menos dinero de lo que cuestan por los servicios transferidos. Por esta razón entre otras, quieren los nacionalistas minoritarios que el Estado pase a dejar en las Autonomías el 25% del IRPF (10 puntos más que ahora). No hay límite a lo que las Autonomías, o cualquier gobierno, pueden gastar si se lo financia otro. Cuando paguemos la deuda histórica (de 15 años no más) de, los andaluces, los catalanes, los canarios, etcétera, el coste de los servicios transferidos, o cuallesquiera otros, volverá a aumentar. El único límite eficaz del gasto público es que quienes gozan de él lo paguen.

La propuesta sensata para resolver los problemas de la financiación de las Autonomías es que la Hacienda central reduzca los impuestos estatales del IVA y el IRPF y sugiera a los gobiernos autonómicos que se financien con impuestos propios y con recargos sobre los impuestos estatales. Los recargos tienen que quedar muy claritos, para que los votantes locales disciplinen a sus representantes si éstos son pródigos. Habrán notado, cuando viajan a Nueva York, que en cada factura de venta aparece el recargo de impuesto de ventas de la hacienda local. Además, cada americano paga un recargo estatal.

Los impuestos estatales, se ha dicho siempre, deben servir para la compensación entre personas ricas y pobres, y entre regiones atrasadas y adelantadas. Es curioso que un político democristiano, a quien no se le cae de la boca la palabra solidaridad, no quiere que Cataluña se pase en la ayuda a los estudiantes de Extremadura, o a los ancianos de Castilla-León. De acuerdo estoy, si todos los impuestos, de ahora en adelante se convierten en proporcionales en vez de progresivos. Estos políticos minoritarios no piensan más que en apoderarse del presupuesto. Digo minoritarios porque, si sumamos los votos de IU, PSOE y PP en el País Vasco y en Cataluña respectivamente, suman más que los de todos los nacionalistas juntos.