El Ayuntamiento de Toledo, del PP, privatiza el agua para salvar la crítica situación de la hacienda municipal

El Ayuntamiento de Toledo dio ayer el primer paso para la privatización de la gestión del agua. La comisión de contratación municipal dictaminó favorablemente el pliego de condiciones para adjudicar este servicio a una empresa privada. En él se establece una duración de 25 años, con un canon inicial de 1.500 a 2.025 millones de pesetas a ingresar en las arcas municipales por la empresa concesionaria. A este "peaje de entrada" habrá que añadir otro anual en base a las tarifas que repercuta en los usuarios.El pliego de condiciones, que será refrendado en el pleno del próximo día 25 por la mayoría' absoluta que ostenta el Partido Popular (PP), asegura también el paso a la empresa privada de los 30 empleados laborales de este servicio, que dependen hasta ahora del consistorio, garantizando su nivel salarial y su posible readmisión. El concejal de Hacienda, César Gómez Benayas, del PP, concede un plazo de seis meses para resolver la tramitación.

Con la inyección económica de más de 1.500 millones de pesetas y el visto bueno del interventor municipal, Gómez Benayas confía en salvar la "crítica situación económica por la que atraviesan las arcas municipales". Esta actitud contrasta con la de Loyola de Palacio, portavoz adjunta del PP en el Congreso, quien se ha mostrado radicalmente contraria a que se utilice el agua con fines recaudatorios.

La Plataforma Ciudadana contra la Privatización del Servicio Municipal del Agua, integrada por asociaciones vecinales, de consumidores y partidos políticos en la oposición (PSOE e IU), continúa mostrando su rechazo frontal a esta iniciativa del PP.

Para Antonio Urban, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, la privatización "no es lícita porque carga sobre los ciudadanos el peso de la deuda municipal". En su opinión, la situación económica es ahora tan crítica como hace unos años, por lo que "los ayuntamientos no deberían recurrir a las privatizaciones, sino, forzar a las administraciones para que doten a los consistorios de más recursos". Esta plataforma estudia recurrir él asunto ante el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha. El de Andalucía ha suspendido el procedimiento de privatización iniciado por el Ayuntamiento de Granada, también del PP.