Predicar y dar trigo

EL CASO de Pascual Estevill ha sumido al Consejo General del Poder Judicial (CIGPJ) en una de sus peores crisis. La oposición al cese de este vocal del CGPJ sospechoso de corrupción, abanderada por el vicepresidente de este organismo, José Luis Manzanares, ha provocado la dimisión de otros tres vocales en señal de protesta. De momento, esa dimisión ha sido neutralizada por el presidente del CGPJ, Pascual Sala. Pero esto no palia la grave crisis institucional y de credibilidad en la que el caso Pascual Estevill coloca al órgano de gobierno de los jueces. Ni el escándalo que supone.Merced al grupo de bloqueo formado por los vocales de procedencia conservadora (los elegidos a propuesta del PP, PNV y CiU), el CGPJ ha sido incapaz de dar una respuesta adecuada a un claro caso de exigencia de responsabilidades políticas surgido en su seno. Ése es el fondo del asunto. Existen indicios más que suficientes de que el vocal Pascual Estevill, con dos causas penales pendientes en el Supremo y otras en camino procedentes de Barcelona, utilizó el cargo al servicio de sus intereses particulares al ordenar una inspección en los juzgados barceloneses que tramitan esas causas. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como la Junta de Jueces de Barcelona consideraron tal iniciativa como un atentado a su independencia y exigieron el cese del vocal. Y ésa ha sido también la opinión del presidente del CGPJ, Pascual Sala, y de una mayoría de vocales, que no alcanzó, sin embargo, el quórum requerido para provocar la destitución de Pascual Estevill por "incumplimiento grave de los deberes del cargo".

Ya es llamativo que los vocales conservadores del CGPJ agruparan su voto para impedir la exigencia de responsabilidades a un vocal que es acusado de atentar contra la independencia judicial. Pero más llamativos son, si cabe, sus peregrinos argumentos. El representante más cualificado de esa minoría de bloqueo, Manzanares, llegó a exigir la misma escrupulosidad que en un proceso penal a la valoración de las pruebas contra Estevill. De golpe, el vicepresidente del CGPJ olvidó sus teorías sobre la naturaleza de las responsabilidades políticas y su diferenciación con las penales, profusa y agresivamente expuestas durante estos años en diversas tribunas públicas. Claro que entonces era para aplicárselas al Gobierno y a su presidente, no a un colega.

Manzanares parece ahora pensar que lo que es exigible al Gobierno no lo es al CGPJ, y que este organismo no es un órgano jurisdiccional, sino político. La permanencia como vocal del CGPJ de Pascual Estevill sume a este órgano en el descrédito. Y con él, a aquellos que han impedido que se apliquen al órgano de gobierno de los jueces las mismas exigencias de responsabilidad que con tanto entusiasmo reclaman a otros poderes.