Sindicatos y padres defienden la escuela pública

Los sindicatos de profesores, CC OO, FETE-UGT, STE y CGT, junto a la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), firmaron a finales de febrero un manifiesto en defensa de la escuela pública bajo el lema En defensa de la educación: por un servicio público de calidad para la inmensa mayoría.Este frente común pone de manifiesto el temor de buena parte de los docentes y padres de la red pública ante el posible recorte de gastos en materia educativa que podría tener lugar tras. las elecciones del próximo día 3 de marzo, y también por el "retroceso" que, a juicio de estas organizaciones, supone la introducción de normativas que "afectan de manera grave al modelo global de educación como servicio público y prioritario".

En el capítulo de recortes, el secretario general de FETE-UGT de Galicia, José Manuel Pose, presentó el día anterior (12 de febrero) en Santiago de Compostela datos relativos al recorte de gastos en la red de enseñanza pública gallega a lo largo de los últimos seis años.

Menos inversión

Según este dirigente sindical, estos últimos años han supuesto para la enseñanza pública gallega un retroceso que se palpa en la inversión que el Gobierno autonómico ha destinado. "En los últimos seis años, la comunidad gallega ha destinado más de 48.000 millones de pesetas a la enseñanza privada, en detrimento de la red pública". También reclamó Pose un "pacto por la educación" que garantice el destino del 7% del producto interior bruto (PIB) a la enseñanza".Los mismos criterios defendidos por la CEAPA y las centrales sindicales citadas, cuando el pasado martes reclamaban esta inversión del PIB para la educación no universitaria, el 1,5% para la Universidad e I + D (Investigación y Desarrollo), además de la derogación de la Ley de Participación y Dirección de Centros, así como el diseño de un mapa escolar que "planifique y garantice las necesidades de la red pública escolar en condiciones de igualdad y calidad".

En el documento presentado por esta plataforma conjunta, los firmantes expresan su intención de llevar a cabo acciones inmediatas tendentes a defender la red pública de la enseñanza, al tiempo que expresan con rotundidad su preocupación "porque la política educativa, presente y futura, no garantice un desarrollo adecuado del derecho a la educación, y, sobre todo, porque se pueda poner en peligro el acceso de todos en condiciones de calidad e igualdad". También se han manifestado por una carta de derechos y deberes "auténticamente democrática" y de más competencias para los consejos escolares, "debiendo mantenerse el Consejo Escolar del Estado pese a las transferencias".