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El Gobierno aprueba con fuertes restricciones la alianza de Telefónica y Canal +

El reglamento del cable a aplazado hasta la constitución de un nuevo Ejecutivo

Consejo de Ministros aprobó ayer el expediente de concentración de Cablevisión, empresa formada por Telefónica y Canal +, aunque "con severas restricciones" según explicó el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, al término de la última reunión celebrada por el Ejecutivo antes de las elecciones. No fue aprobado, por el contrario, el reglamento que desarrolla la Ley de Telecomunicaciones por Cable, a pesar de que el Consejo de Estado había informado favorablemente ese texto. La decisión sobre el reglamento queda aplazada hasta la formación de un nuevo Gobierno.

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A la vista del informe enviado al Ejecutivo por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) en el que se desaconsejaba que la alianza de Telefónica y Canal + fuera autorizada en las condiciones en que había sido notificada, el Gobierno ha decidido imponer "restricciones" para que la concentración se lleve a cabo. El ministro aclaró que el Ejecutivo ha incorporado las restricciones contenidas en el citado informe del TDC y ha introducido otras nuevas.Según la información facilitada, los objetivos de las condiciones impuestas son los siguientes:Impedir que Cablevisión limite el ámbito de autonomía de las operadoras locales de cable.Desgajar de esta operación de Cablevisión actuaciones conjuntas futuras entre Telefónica y Canal + en otros campos, especialmente en el de la televisión por satélite.Evitar que la asociación de Telefónica y Canal + pueda dificultar la implantación de otros operadores. Es decir, se garantiza el acceso a la red de Telefónica a otros operadores de televisión por cable.

Al explicar estos criterios, el ministro puso énfasis en señalar que las restricciones tienden a "romper la exclusividad del acuerdo" y garantizan el acceso a la red de Telefónica a otros operadores de televisión por cable. Y se dictan medidas que impidan a la Sociedad General de Cablevisión limitar el ámbito de autonomía de las operadoras locales de cable.

Además se recogen otras condiciones para despejar las dudas de que la jurisdicción sobre este asunto corresponde a las autoridades españolas y no a las comunitarias. El Gobierno sostiene que la concentración de Cablevisión constituye una operación de ámbito nacional y que, por lo tanto, no está sujeta al reglamento comunitario. "Estas medidas refuerzan el argumento de que en modo alguno Canal + Francia podrá controlar el desarrollo de la televisión por cable en España", dijo el ministro, quien recalcó que al autorizar la concentración de Cablevisión no se produce ninguna contradicción con el enfoque sobre el tema que se está haciendo en Bruselas "porque no es competencia de Bruselas".

Otra de las restricciones que impone el Gobierno es el cambio del sistema de toma de decisiones en el Consejo de Administración de Cablevisión, fijando una relación de mayorías que asegure la independencia de esta empresa respecto a los socios extranjeros que indirectamente participan en ella a través de Canal + Francia.

Línea habitual

La aprobación de la concentración entre Telefónica y Canal + por el Gobierno, con las condiciones mencionadas -y que en detalle no se conocen- está en la línea seguida habitualmente por el Gobierno, que no ha prohibido varias decenas de concentraciones anteriores, según expertos consultados por este periódico.

En cuanto al aplazamiento del reglamento que desarrolla la ley del cable -que fue llevado al Consejo por el ministro de Obras Públicas, José Borrell-, Rubalcaba dijo que el Consejo de Ministros no había tenido tiempo suficiente para estudiarlo con todo detalle tras haberlo recibido el pasado jueves, procedente del Consejo de Estado. Este órgano consultivo había tramitado su informe sobre el reglamento de la ley del cable con alegaciones formales, ninguna de ellas de fondo.

Preguntado por la posibilidad de que el decreto sobre el reglamento sea tratado de nuevo en uno de los próximos Consejos de Ministros, Rubalcaba contestó que no cabe esperar que vaya a ser aprobado por "un Gobierno en funciones".

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