La policía de Obiang tortura al primer alcalde democrático de Malabo

La policía guineana irrumpió en la tarde del viernes en una dependencia de la cooperación francesa en Malabo y detuvo a Vitorin Bolekia, primer alcalde elegido democráticamente en la capital guineana, y a otros miembros del consistorio. Bolekia fue puesto en libertad a las 23.30 del viernes, con heridas en la cabeza y en los pies que casi le impedían andar, y la chaqueta manchada de sangre. La Plataforma de Oposición Conjunta (POC) hizo ayer un "vibrante llamamiento al pueblo de Guinea Ecuatorial a no acudir a las urnas" en las presidenciales del próximo día 25.

Los tenientes de alcalde Santiago Obarna y Julián Ehapo, el concejal Celestino Bakale y el funcionario Gaudencio Asumu permanecían ayer en la comisaría central de Malabo, donde según fuentes de la oposición, estaban siendo torturados. La detención fue efectuada por un grupo de agentes encabezado por el propio director general de Seguridad, Antonio Mbá Nguema, en presencia de las cámaras de la televisión guineana, que acudieron llamadas por la policía, y con el portavoz del Gobierno, Santos Pascual Bikonio, a la cabeza.Según declaró Bolekia ayer, en su liberación influyó el ministro del Interior, Julio Ndong, que indicó a los policías que "no era conveniente que el alcalde pasara la noche en la cárcel' . Los detenidos tomaban parte en un curso de francés cuando la policía interrumpió la clase. BoIekia reveló que durante el interrogatorio le preguntaron "por qué mantenían reuniones políticas con los blancos".

Fuentes de la oposición señalaron ayer su preocupación desde Malabo ante las informaciones difundidas por la televisión oficial, que acusaba a los detenidos de "preparar, con una mano negra, el desvío de las elecciones", "conspirar contra el régimen" y "urdir un golpe de Estado". Mientras que personal de la Embajada francesa mostró su malestar por lo ocurrido, la mesa de donantes (Francia, España, EE UU y la Unión Europea) sostienen conversaciones para adoptar una posición conjunta. Las autoridades españolas han decidido no enviar observadores a las elecciones ante la falta de garantías para su labor.