Deberes lingüísticos

Jesús Mosterín (Los derechos lingüísticos, EL PAÍS, 2 de febrero de 1996) se revela paladín de la lengua como derecho individual, idea recientemente propalada con el solo propósito de conceder a los monolingües razones para seguir siéndolo. Así, Mosterín afirma: "La libertad de lengua es la libertad que tiene (o debería tener) cualquier ser humano de hablar y, usar la lengua que quiera, de educar a sus hijos en la lengua que desee, y de ofrecer o adquirir los bienes y servicios de contenido lingüístico en la lengua que él elija". De tan campanudo aserto se siguen muy regocijantes consecuencias: que un inmigrante magrebí en Vallecas, un euskaldún en Ecija o un sueco en Logroño puedan expresarse en dichos lugares únicamente en árabe (o bereber), vasco y sueco, o que exijan profesores en sus lenguas para educar a sus hijos en el estricto monolingüismo materno. Y es que la formulación integrista de los derechos, pese a su aire revolucionario, suele hacerlos inviables -e injustos-, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde la mezcla idiomática y cultural impone obligaciones mutuas, cuyo sentido no es otro que habilitamos para, precisamente, entendemos todos. Afortunadamente, la Constitución Española, en su artículo 3.1, veda la solución propuesta por don Mosterín al afirmar: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla". Quizá nuestro filósofo de la ciencia y lógico, para ser coherente con sus propias consignas, debería empezar por solicitar la modificación del único artículo de la Carta Magna que impone deberes lingüísticos a los ciudadanos de este país, deberes que sólo cabe calificar de onerosos, qué casualidad'- para los españoles que no tienen el castellano como lengua materna.-