La gravedad y sus leyes

FERNANDO SAVATER

A Paco Tomás y ValienteCiertas palabras del consejero de Interior vasco Atutxa, en declaraciones radiofónicas efectuadas al calor del asesinato de Fernando Múgica, han reavivado una de esas polémicas que cíclicamente retoman en tomo a las posibles soluciones de la violencia en Euskadi (como la farsa trágica que allí se representa dura tanto, todo vuelve una y otra vez: no con jubilosa afirmación nietzscheana, sino con la nauseabunda rutina de lo bestial). Atutxa ha planteado un dilema algo confuso (pero tampoco están las cosas como para cogérsela con papel- de fumar): o bien ilegalizar KAS, Jarrai, Gestoras Pro Amnistía, Egizan y demás servicios auxiliares de ETA, considerando delincuentes a quienes ejerzan el papel de portavoces de tales organizaciones y en su nombre asistan a ruedas de prensa, lean comunicados, convoquen manifestaciones, etcétera, o bien legalizar velis nolis las dichas siglas, hacerlas pasar por el registro de asociaciones y que declaren sus fines, para luego exigir las debidas responsabilidades jurídicas a sus mandamases si cometen delitos o cooperan con los que cometen sus primos del amosal. Francamente, esta propuesta dilemática es un verdadero lío, porque no resulta fácil entender cómo puede ilegalizarse lo que nadie se ha tomado la molestia de legalizar ni cómo se obligará a pasar por vicaría a quienes han elegido por buenas razones estratégicas la unión libre.Y sin embargo, yo entiendo sumamente bien la perplejidad embarullada de Atutxa (un hombre firme y decente atrapado por un mecanismo diabólico, cuya importancia en el puesto que ocupa no sé si valoran justamente todos los. ciudadanos de este país), y creo que merece la pena comprender la petición de auxilio que ha lanzado, aunque se equivoque en su planteamiento literal. Según yo lo interpreto, lo que Atutxa quiere decir es que para defender la legalidad -es decir, los derechos de los ciudadanos y su seguridad-, hay que tener clara certeza de que tal legalidad tiene perfiles nítidos y está plenamente vigente también en el País Vasco. Porque la sospecha generalizada entre la mayoría de los vascos es que vivimos desde hace años en un estado de excepción encubierto.

No es un estado de excepción a lo franquista, policial y sin garantías jurídicas como los de triste memoria, sino un estado de excepción terrorista, criminal, totalitario y ultranacionalista. Este nuevo estado de excepción también suspende los derechos de los ciudadanos (el derecho a expresarse libremente sin recibir amenazas, el derecho a protestar en la calle por crímenes y secuestros sin ser hostigados por los criminales y los secuestradores, el derecho a, no pagar chantajes en forma de impuestos revolucionarios, el derecho a vivir en ciudades o pueblos en los que hordas de bárbaros -todos muy majos eso sí- no quemen los autobuses, destruyan las cabinas de teléfonos, rompan los cristales de los comercios desafectos, den palizas a los transeúntes o eleven monumentos en la vía pública a sus colegas caídos en la noble tarea de asesinar a convecinos). En cambio, este estado de excepción tácito parece proteger derechos insólitos: el derecho a intimidar a los demás, el derecho a ensalzar crímenes y beatificar criminales, el derecho a denunciar a las fuerzas de] orden y encubrir a las del desorden, el derecho a destruir los símbolos políticos legales que se desaprueban, el derecho a imponer por la fuerza la discusión de ideas políticas que por las buenas no logran refrendo mayoritario y sobre todo el derecho a ser respetados como víctimas comportándose como verdugos. Como todo estado de excepción, éste provoca también desmoralización en la gente corriente -"más vale no llamar la atención, que te la cargas"- y en algunos apasionados suscita ganas incontenibles (aunque por ahora casi siempre contenidas) de pagar a los agresores con su misma moneda. ¿Comprenden ahora por qué Atutxa se muestra preocupado e intenta discernir de algún modo en la confusión entre lo legal, lo alegal, lo ilegal y lo criminal? Intenta acabar de una vez con el estado de excepción.

. Con la serena agudeza mental que concede ver los toros desde la barrera, se le ha reprochado lo insostenible de su planteamiento: no son las siglas las que delinquen, sino las personas; lo que corresponde es aplicar la ley y hacerla cumplir, no modificarla, etcétera. Todo muy razonable. Yo mismo he sostenido desde hace años que no hay que ¡legalizar nada ni a nadie en el País Vasco, sino todo lo contrario: legalizar lo existente, es decir, obligar a entidades, individuos y medios de comunicación a respetar las leyes que deben estar tan vigentes en Euskadi como en cualquier otro lugar del Estado. Y sin embargo, es evidente que tal legalización, deseable y necesaria, no tiene lugar. Tomemos, por ejemplo, el delito de apología del terrorismo. Como no soy jurista, desconozco su exacto perfil penal, pero supongo que lo cometerán quienes escriben artículos diciendo que los etarras son los más ilustres hijos de Euskal Herria y un modelo para la juventud, quienes gritan "iETA, mátalos!, quienes exhortan a la población a que no coopere con la policía para detener a un comando asesino, etcétera. En fin, cosas que pasan todos los días. La pregunta es: ¿conocen ustedes a muchos, a algunos, a alguien condenado por apología del terrorismo? Por lo visto, en los casos aenunciados siempre prevalece el derecho a la libertad de expresión. ¿No es un poco raro?

A doña Ana García Obregón se la puede condenar por haber ofendido al padre de su niñera, a la niñera de su padre o algo así; en cambio, quienes hace una semana, ante la concentración donostiarra que pide la libertad de los secuestrados y a pocos metros de donde acababa de ser asesinado Fernando Múgica, utilizaron un excelente servicio de megafonía para leer el ultimátum "democrático" de ETA mientras amenazaban de muerte a los concentrados... ésos se fueron a cenar tan contentos, hasta la semana que viene. Repito: ¿no es un raro?

Digan lo que digan los oportunistas y los imbéciles, la situación en el País Vasco no sólo es grave, sino gravísima: hoy más que ayer, pero menos que mañana. Los demócratas no queremos un régimen de terror para nuestro país, sino que acabe el terror reinante. Queremos que se condene a quienes torturan, a quienes secuestran o a quienes asesinan en supuesta defensa de la legalidad, pero queremos que la legalidad sea real y eficazmente defendida. No queremos que se suspendan los derechos de nadie, sino que se hagan respetar los derechos de todos: me refiero a los derechos de los ciudadanos con nombre y apellidos, carne y, ¡ay!, sangre, no los derechos de entidades colectivas cuyo nebuloso perfil es como el carro de la diosa Kali, cuyas ruedas trituraban a sus fieles y también a los incrédulos. No hace falta ser juez o abogado para saber que las garantías del Estado de derecho no fueron inventadas para destruir el derecho ni el Estado. Y eso es lo que hoy está ocurriendo, día tras día, en el País Vasco. De modo que yo no sé si habrá que hacer lo que propone Atutxa, pero es evidente que algo habrá que hacer y pronto. En caso contrario, se está propiciando que la mayoría ciudadana se desespere y acabe convencida de que debe defenderse por sí misma, al margen de lo legal, lo ¡legal y lo alegal. Sencillamente, así no podemos ni debemos seguir.Fernando Savater es catedrático de Ética.