Peticisón y denegación de justicia

JOSÉ RAMÓN RECALDE

Dos tipos de acontecimientos están determinando reacciones poco serenas: la elevación de la mira del arma asesina de ETA; el desorden y los daños que los alborotadores causan en la vida ciudadana. Pues bien: el primer tipo de acontecimientos, en principio, no es muestra de fortaleza, sino de declive, de ETA; el segundo es un elemento nuevo de distorsión, de importancia" menor que el anterior, pero. sobre el que Conviene tomar posiciones.El asesinato de Fernando Múgica, más que un argumento en favor o en contra de esta tesis, es una inmensa tragedia frente a la que falla la frialdad del razonamiento. Ante su muerte he descubierto que, antes que el militante con el que concordaba y, acaso más, discutía, era el amigo contra Franco, en mis prisiones y en las de su hermano. Y el padre de los hijos que he visto crecer. Un hombre con amor a la vida, sin miedo a la muerte.

Una organización terrorista más débil apunta más alto. Esto es lo que está pasando. Y creo que falta serenidad a los que se dejan ganar por el espanto.

. El segundo tipo de acontecimientos, el desorden cotidiano, tiene, indudablemente, relación con las acciones de ETA, pues las exalta, pero, por ahora, no tiene su gravedad. Podemos apostar que va a ser algo efímero. Pero las apuestas, en política, no se hacen sobre lo que pensamos que va a suceder, sino sobre lo que determinamos que suceda. El desorden cotidiano es, por tanto, un problema muy importante, que nos concierne a todos, y que tendrá una buena solución si conseguimos que sea efímero y una mala solución si no lo conseguimos. En esta lógica, Atutxa ha planteado su alternativa: las organizaciones que practican los desmanes deben ser ilegalizadas o legalizadas.

Es un problema de Derecho. Pero lo es, no tanto porque requiera un análisis legal y constitucional de la respuesta cuanto porque es la muestra del dato originario de lo que el Derecho es: canaliza una petición de justicia. Algo que deben tener siempre presente legisladores, gobernantes y Jueces.

La respuesta a uña petición dé justicia se debe dar ateniéndose a la legalidad, al procedimiento y a las garantías, pues los acusados tienen derecho a que se respete su presunción de inocencia. Por eso, aunque defraude a los ciudadanos, el juez depura la respuesta ante esa petición. Pero cuando el. garantismo lleva a una depuración. de la respuesta que deja sin satisfacer la petición ciudadana, sobre todo si esa petición es la de la víctima del delito, está poniendo de manifiesto un efecto perverso: la denegación de justicia. Como es imprescindible que el garantismo se mantenga, la denegación de la justicia habrá sido una consecuencia desgraciada, aunque necesana, una imperfección del Derecho que hay que procurar eliminar. El problema es: ¿cómo podemos atender a la petición de justicia con conservación de las garantías y reduciendo al mínimo la denegación de justicia? No es ni necesario ni oportuno cambiar las leyes. Tampoco parecen viables, en principio, ninguna de las alternativas propuestas. Es un derecho ciudadano el de asociarse de hecho, sin que se le pueda forzar a nadie a seguir los trámites administrativos para un reconocimiento legal. E igualmente, la ilegalidad será la que derive de los actos y no de unos estatutos, que lógicamente no declaran ningún objeto social delictivo. Son los actos los que deben ser investigados y juzgados.

Pero si existe un derecho elemental en este asunto, éste es el del ciudadano a quejarse de la denegación de justicia. El ciudadano dice, con todo derecho: "mal". Mal la policía, mal el juez que instruye, mal el juez que juzga. Mal, si no e producen los resultados que legítimamente pretende. Puede que el Estado de derecho tenga tales exigencias que resulte dificil obtener mejores resultados. Pero por lo menos exigimos un poco de humildad a los que han llevado -acaso no se podía hacer otra cosa- a la denegación de la justicia.

El camino está en resolver un problema difícil: respetar la legalidad, pero entender que la interpretación de la ley, del procedimiento y de las pruebas no puede llevar a crear una barrera denegatoria; actuar con diligencia y con pericia en el descubrimiento del delito y en la instrucción del mismo; reaccionar rápidamente y sin espíritu gremial ante los errores de algunos, policías o jueces, encargados de atender a la petición de justicia de los ciudadanos. Y, seguramente, empezar a admitir como suficiente evidencia de ilegalidad de una organización la acumulación masiva de pruebas de actos practicados por sus miembros, que acreditan suficientemente lo ilícito de su actividad. Este camino lo han emprendido administraciones de justicia reconocidamente garantistas, pero sin complejos. Por eso decía que la alternativa de la ¡legalidad, que propone Atutxa, solamente en principio es inadmisible. Otra cosa sería si nuestra Administración de justicia calibrara dónde están los valores fundamentales que defender.

La lucha contra la violencia es una tarea importantísima, grave responsabilidad de todas las instituciones del Estado. Por eso nos podemos permitir los ciudadanos reprochar a las instituciones del Estado sus defectos y seguir pidiendo resultados. Pero no nos podemos permitir resquebrajar las filas de la defensa de la democracia que deben mantener, unidos, los partidos.José Ramón Recalde es catedrático del Este de San Sebastián.