Basconia

El asesinato de Fernando Múgica, como acto de propaganda electoral del partido nazi vasco,, está provocando todavía más efectos (entre los que esta columna se cuenta) de los que sus autores quizá esperaban. Algunos son puramente anecdóticos, como esa especulativa propuesta de ilegalizar las diversas y múltiples organizaciones en las que los nazis se encuadran, para lo que habría que comenzar, paradójicamente, por legalizarlas. ¿No se dan cuenta de que las bandas no matan ni coaccionan, pues quienes lo hacen son únicamente los bandidos que las forman, a los que se debe procesar personalmente por sus crímenes materiales (como daños o asesinatos), pero no por presuntos delitos de opinión? Por lo demás, estos debates sobre galgos o podencos sólo sirven para distraer la atención del auténtico problema, que es la incapacidad de imponer la ley. Y a este respecto, en lugar de descalificar a jueces o policías, sirviendo así los mismos objetivos de los nazis, más valdría buscar remedio al clima de amedrentamiento moral que reina en Euskadi, haciendo imposible que la justicia pueda actuar.En este sentido, tienen razón los socialistas cuando alegan que tal clima se debe al rearme emocional que han experimentado los nazis como consecuencia de la reapertura del caso GAL, que ha. deslegitimado al Estado y desmoralizado a las fuerzas del orden. Pero no parecen ellos los más indicados para quejarse (por muy explicable que sea su reacción ante la conmoción causada por el asesinato de un compañero), dadas sus evidentes responsabilidades, aunque sólo fuera por omisión, sobre los orígenes del caso. Los primeros que deslegitimaron al Estado de derecho español ante la opinión pública vasca fueron los gobernantes que toleraron que con fondos públicos españoles se financiasen crímenes de Estado cometidos contra ciudadanos vascos. Eso impidió que la naciente democracia española adquiriese suficiente credibilidad en Euskadi, haciendo posible que los nazis tuviesen éxito en sus esfuerzos por descalificarla.

Cuando los socialistas llegaron al poder, tras los desastres de UCD y el fracasado intento de golpe de Estado, parecía pensable que por fin fuese a resolverse la cuestion vasca, gracias a la optimista oleada de expectativas de cambio que despertó en un comienzo su nuevo Gobierno.

Sin embargo, en lugar de lograrse la paulatina pacificación de Euskadi, se permitó (o no se supo impedir) que actuasen los GAL. Pues bien, aquel desgraciado hecho no sólo hizo fracasar la lucha antiterrorista (y destruyó diez años después el crédito del poder socialista), sino lo que es mucho peor: deslegitimó irreversiblemente la naciente democracia ante los vascos. Por eso, a diferencia del resto de España, la transición no ha terminado aún en Euskadi, cuyo reloj político sigue parado en 1981.De ahí que una minoría respetable de vascos siga votando a matar, lo que parece inconcebible para cualquier ciudadano normal. Y mientras esto continúe así, ETA seguirá siendo indestructible por mucho que se la descabece como en Bidart, pues logra renacer de sus cenizas gracias al aliento de su electorado. Se equivoca el PNV cuando cree que se puede negociar la rendición de ETA, que jamás se rendirá mientras la voten y pueda matar, pues ETA sólo tiene solución política: que la dejen de votar, convirtiéndose en otro GRAPO (lo que permitiría su definitiva resolución policial). Pero ¿cómo impedir que un séptimo del electorado vasco siga votando a una banda de asesinos, haciéndose cómplice de sus crímenes? La solución sólo la tiene la sociedad civil vasca, que debe convencer a sus conciudadanos de que no pueden continuar votando a matar: sus amigos, vecinos y parientes deben ir, votante por votante, haciéndoles volver en sí. Pues una sociedad civil que admite ser coaccionada por una minoría destructora de la ley no sólo carece de derecho a la autonomía normativa (no digamos ya a la autodeterminación política), sino que pierde además su carácter cívico, convirtiéndose en una sociedad servil.