Escuchas no delictivas

EN EL PLENO del Congreso del pasado 21 de junio, en plena vorágine del escándalo de las escuchas del. Cesid, el todavía vicepresidente del Gobierno Narcís Serra se explicó sobre este asunto en términos prácticamente idénticos a como lo hace ahora la juez de instrucción número 43 de Madrid, Ana Mercedes del Molino, en el auto que archiva las diligencias sobre una posible actuación delictiva del entonces director del Cesid, general Alonso Manglano. Pero la oposición no deseaba escuchar las explicaciones del vicepresidente: quería sencillamente su dirnisión, que se produjo pocos días después. Las expresiones más oídas en los bancos del Grupo Popular fueron: "¡Confiesa!", "¡Vaya papelón!" y "¡Qué vergüenza!".Ante la exculpación judicial, Serra ha criticado a Jordi Pujol por haber retirado el apoyo al Gobierno socialista con motivo de las escuchas y ha pedido que los líderes del PP y de Izquierda Unida le presenten sus excusas por haberle acusado de dedicarse a violar la intimidad de los españoles, incluido el Rey. Es muy razonable que Serra pida una rectificación a aquellos que pusieron en cuestión su honorabilidad personal. El auto de la juez Del Molino le da plenamente la razón al afirmar que las conversaciones fueron interceptadas de manera casual por el Cesid en el ejercicio de su tarea de proteger la seguridad del Estado. En cambio, no tienen razón los socialistas cuando pretenden retrospectivamente poner en entredicho los motivos de la dimisión de Serra.

Que el jefe de operaciones especiales del Cesid, el coronel Juan Alberto Perote, del que dependía el gabinete de escuchas, abandonara el servicio llevándose consigo miles de fichas de material clasificado y no se tornaran de inmediato medidas contra él, posibilitando que luego se desvelaran a página abierta en periódicos tan proclives a la receptación, es razón más que sobrada para la dimisión de Serra y del mando político y profesional del Cesid. Es lo que ha reiterado Pujol al afirmar que sigue considerando "una incompetencia que documentos altamente comprometedores para el país hayan circulado por la calle".

Serra y Julián García Vargas, entonces ministro de Defensa, purgaron con su dimisión sus responsabilidades políticas, y Manglano, las profesionales. Ello, no entra en absoluto en contradicción con el hecho de que la juez Del Molino afirme ahora que no existen responsabilidades penales en el caso. La incompetencia no es un delito; la violación del derecho a la intimidad, sí. Y lo último, según el auto, no existió'.

En aquel pleno del Congreso, Serra explicó que

las escuchas realizadas por el Cesid en el llamado espacio radioeléctrico, que es público y abierto, no eran programadas a priori, sino puramente aleatorias. Es lo que ahora confirma la juez tras las pertinentes pruebas periciales. Segun éstas, los aparatos del Cesid no permitían entonces preseleccionar la escucha de un teléfono móvil en concreto; tan sólo permitían barrer el espacio radioeléctrico y capturar, como mero fruto del azar, saltando de uno a otro, fragmentos de conversaciones de teléfonos móviles. ¿Estaba legitimado el Cesid para hacer ese rastreo? Sí, según la juez, que atribuye a los servicios de información la obligación de ejercer "una vigilancia a modo de policía del espacio radioeléctrico".

Lo más importante del auto es la doctrina de fondo que establece la legitimidad del Estado democrático para dotarse de unos servicios de información "estructurados del tal modo que sean capaces de alertar a las máximas autoridades sobre los peligros que se ciernen sobre la nación antes de que éstos se hayan concretado". Es la misma doctrina establecida por el Tribunal Supremo en el caso Crillon. El Supremo estableció entonces la legitimidad del Estado democrático para realizar y financiar con fondos reservados informes como el llamado Crillon, "en defensa de intereses públicos relevantes".

En un Estado democrático nadie tiene patente de corso, ni tan siquiera el Gobierno y los servicios de información cuando ejercen la defensa de los bienes colectivos. Cae por su peso que esa defensa debe hacerse con sujeción estricta al marco legal y sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Pero justamente son los jueces, y nadie más, los únicos legitimados en un Estado de derecho para determinar si se ha respetado o no el marco legal y si se han vulnerado o no los derechos fundamentales. La juez Del Molino, como el Supremo en el caso Crillón, no ha encontrado rastro alguno de actuación delictiva en el caso de las escuchas del Cesid.

Nos encontramos ante un caso que reafirma cuál es el papel de cada uno de los tres poderes de un Estado democrático. Por eso es gravísimo que Julio Anguita sugiera que la juez Del Molino ha podido actuar al dictado del Gobierno y por razones electoralistas. Minar de esta manera la confianza de los ciudadanos en la justicia es populismo antidemocrático.