Medir la gravedad

LA COMISIÓN disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de realizar un ejercicio de difícil comprensión para el común de los ciudadanos al estimar suficiente una multa de 300.000 pesetas como sanción al juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras por revelar datos sumariales secretos relativos al caso Argentia Trust, en el que está implicado el ex banquero Mario Conde. El juez instructor, Pablo Cachón, había solicitado un año de suspensión para Moreiras, después de tres meses de paciente instrucción. La comisión buscó los finos matices que separan la falta grave de la muy grave para evitar la suspensión de este juez tan dado a la volubilidad y al capricho.Moreiras podrá seguir haciendo honor a su merecida fama de juez versátil, hacer al mismo tiempo una cosa y la contraria, revelar datos sumariales con daños a terceros sin mayores riesgos que una multilla, decretar fianzas exorbitadas luego reducidas a nada y decidir espectaculares, y controvertidas prisiones preventivas que se demuestran absurdas e injustificadas. En fin, seguirá contribuyendo a que la justicia española esté a la altura que le otorga la opinión pública con el descrédito que esto supone para numerosos magistrados diligentes y para la institución judicial en general.

Sería injusto, no obstante, imputar a todas las instancias judiciales intervenientes en el caso esa actitud de lenidad que revela la decisión de la comisión disciplinaria del CGPL Dos de los cinco miembros de la comisión se mostraron favorables a la sanción de un año de suspensión propuesta por el instructor. Era lo razonable y congruente. La decisión impuesta por la mayoría supone echar por la borda el trabajo del instructor, menospreciar sus propuestas, cambiar radicalmente la calificación. de los hechos y hacer caso omiso del sentido común.

La actuación de Moreiras constituyó algo más que una mera revelación formal de datos sumariales conocidos en el ejercicio de su función jurisdiccional. Al tiempo que exculpaba por sí y ante sí a Mario Conde de haberse apropiado de 600 millones de pesetas pertenecientes a Banesto, imputaba ese hecho a dirigentes del PSOE y al intermediario Antonio Navalón. El perjuicio causado con esa actuación a terceras personas es evidente. Este disparate debe ser rápidamente corregido por el pleno del Consejo. Flaco favor a la justicia es que los jueces se hagan tales favores entre sí.

La decisión de la comisión de disciplina del Consejo coincide con la unanimidad de la Junta de Fiscales de Sala en su juicio sobre el llamado pascualazo. La vara de medir gravedades responde también en este caso a criterios de compleja comprensión para el ciudadano común. El diario El Mundo había acusado en un artículo editorial al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Pascual Sala, de actuar "con una parcialidad sin precedentes, siempre en función de los intereses del partido en el poder". Cabe imaginar la reacción de los mismos fiscales que no hallaron motivo suficiente para que el fiscal general del Estado, Carlos Granados, interpusiera una querella contra el rotativo sí hubieran sido ellos los acusados de parciales y de actuar a las órdenes de un partido. Parece claro que ambas decisiones no ayudan ni a aumentar el prestigio de las instituciones judiciales ni a evitar que los jueces se sacudan de encima la imagen de una corporación gremialista y tentada por la protección mutua.