El Gobierno belga defiende la independencia de sus jueces

Bruselas Bélgica reaccionó ayer con delicadeza, comprensión y prudencia a la irritación española por la puesta en libertad de los presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno y Raquel García. Pero detrás de la cortesía, los comentarios del Ejecutivo belga se aprestan a defender la independencia de su poder judicial, matizan que no es el Gobierno el que pone trabas a la extradición y recuerdan que España tiene en estos momentos un conflicto similar con Alemania. Tanto el ministro de Justicia, Stefaan de Clerck, como el gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores se apresuraron ayer a reaccionar con "comprensión" ante la irritación española.Pero ésa es la única concesión del Gobierno belga al español. Por encima de todo se impone la defensa feroz de la independencia del poder judicial y se rechaza entre líneas lo que se considera presión política española para influir en los jueces belgas.

"En su decisión, el Consejo de Estado se ha basado esencialmente en la consideración de que los hechos, tal como han sido descritos en la petición de extradición, no pueden ser asimilados a actividades terroristas tal como éstas están definidas en la Convención Europea de 17 de enero de 1977", subraya Bruselas. O lo que es lo mismo, la decisión se ha tomado en base a la instrucción judicial española y es ésta la responsable de que los jueces hayan desestimado, por el momento, la extradición que había sido aprobada por el ministro de Justicia belga el 22 de enero pasado.

Los abogados que representan al Ministerio de Justicia aún no habían recibido ayer tarde la explicación motivada del Consejo de Estado que suspendió las extradiciones, por lo que no podían ofrecer una explicación de por qué éste ha basado su decisión únicamente en la demanda de extradición, cuando el informe complementario remitido, por el Ministerio Fiscal español sí relacionaba directamente a Moreno y García con la comisión de atentados del comando Vizcaya.

La prensa y la opinión pública están divididos. Todos defienden que el Gobierno haya suspendido las extradiciones dada la decisión del Consejo de Estado, pero no han faltado voces recordando que los presuntos colaboradores de ETA se encontraban detenidos "a disposición del poder ejecutivo y no a disposición del poder judicial". El Gobierno podía haber suspendido la extradición sin ponerles en libertad, lo que seguramente hubiera evitado el conflicto con España.

Por su parte, el lehendakari José Antonio Ardanza, que ayer se encontraba en Bruselas, declaró que "en un sistema de división de poderes, hay que respetar las decisiones de los jueces sean cuáles sean". La actitud del Gobierno español de suspender la cooperación judicial con Bélgica le pareció "electoralista".