España responsabiliza a Bélgica de que presuntos terroristas puedan quedar impunes en Europa

El Gobierno español rechazó ayer con firmeza que cuestiones formales, como un incorrecto planteamiento de las demandas de extradición, puedan servir de pretexto. para que presuntos terroristas eludan la acción de la justicia en la Unión Europea. El embajador de Bélgica en Madrid, Thierry Muuls, llamado al Ministerio de Asuntos Exteriores, tuvo que escuchar de boca del subsecretario JesúsEzquerra "el profundo desagrado" del Gobierno español, que responsabiliza al belga de la puesta en libertad de Luis Moreno Ramajo y Raquel García Arranz, acusados de colaborar con el comando Vizcaya de ETA.

Casi dos horas pasó ayer el embajador belga en la sede de Exteriores, donde, en ausencia del ministro Carlos Westendorp, el subsecretario, Jesús Ezquerra, y el director de Política Exterior para Europa, José Rodríguez-Spiteri, le comunicaron la decisión española de suspender la cooperación jurídica con Bélgica, en reciprocidad por la decisión del Consejo de Estado belga de suspender la extradición de dos presuntos etarras, lo que motivó su puesta en libertad.Entre otras consecuencias, la suspensión de la cooperacion Jundica bilateral supondrá la paralización de las dos demandas de extradición que actualmente se tramitan en España a petición de los tribunales belgas, de las ocho que se plantearon el pasado año.

El Gobierno español. también ha llamado a Madrid a su embajador en Bruselas, Joaquín Ortega Salinas, aunque fuentes de Asuntos. Exteriores 'matizaron que ha sido convocado "para informar" y no para consultas", lo que en lenguaje diplomático significa volverá de inmediato a su puesto.

Las autoridades españolas han solicitado a las belgas que adopten medidas policiales para evitar que los dos presuntos etarras se den a la fuga mientras el Consejo de Estado resuelve sobre el fondo del asunto, para lo que dispone de un plazo inicial de 45 días, que habitualmente se prorroga. Igualmente, han pedido al Gobierno de Bruselas que ponga los medios necesarios para que la resolución definitiva del conflicto sea conforme a la cooperación exigible entre dos estados de la UE y a los acuerdos suscritos por ambos países

. El Gobierno de Madrid estima que su homólogo . de Bruselas no ha actuado con la diligencia necesaria para adaptar su legislación interna a los acuerdos europeos en materia de terrorismo y para evitar que puedan plantearse situaciones como la actual, lo que explica su irritación.

. En todo caso, las fuentes consultadas pusieron más el acento en obtener una solución satisfactoria que en lamentarse por lo sucedido. "Esperamos y deseamos", declaró ayer la secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, respecto a la decisión del Consejo de Estado belga, "que sea sólo un aplazamiento, porque sería realmente grave que, al socaire de trabas procesales o formales, Bélgica se responsabilizara de que una acción terrorista tan grave quedara impune en el marco de la Unión Elaropea (UE)".

En la misma línea, el presidente del Gobierno, Felipe González, de visita en Rabat, expresó su confianza en que la justicia belga, cuando resuelva sobre el fondo del asunto, "tenga en cuenta" los compromisos de la UE en materia antiterrorista. "No puede haber delincuencia política", recordó Felipe Gonzalez, "en aquellos países en los que existe Estado de derecho y libertad plena para manifestarse corno se quiera, siempre que no sea por mecanismos violentos".Todos los partidos respaldaron la firmeza del Ejecutivo frente a las autoridades belgas. El presidente del PP, José María. Aznar, consideró "muy grave" la puesta en libertad a los dos presuntos etarras y calificó de "correcta," la reacción del Gobierno.

"Lo respaldo", subrayó Aznar, y si podemos hacer alguna acción en ese terreno, espero que nos lo comunique, porque la haremos con mucho gusto". Fuentes del PP explicaron que Aznar planteará el tema al primer ministro belga, Jean Luc Dehane, con quien coincidirá mañana en la sede del Parlamento Europeo.

Más críticos se mostraron otros dirigentes del PP, como Mariano Rajoy, quien se preguntó para qué sirve el "supuesto prestigio europeo" de González, o Federico Trillo, que atribuyó lo sucedido a "la falta de empuje de nuestros gobernantes".

El coordinador de Izquierda Unida, Julio Anguital afirmó que la suspensión de la cooperación judicial con Bélgica es "importante e interesante, pero insuficiente" frente a la actitud de la justicia belga, que tildó de "extraña, singular y poco concordante con ese espíritu de unión que debe presidir la UE, máxime cuando estamos ante delitos de sangre, no ante lucha política". En términos muy diferentes se expresó la portavoz del gobierno vasco, Mari Carmeri Garmendia, quien pidió "respeto a lo que, por las reglas del Estado de derecho, se ha producido", en referencia a la decisión del Consejo de Estado de Bélgica.

Adolfo Araiz, parlamentario foral de HB, fue mucho más lejos y aplaudió la puesta en libertad de los presuntos etarras, qué calificó de "suficientemente clarificadora". Por el contrario, la Asociación de Víctimas del Terrorismo se mostró "indignada" por una decisión que "ofende enormemente a las familias de los casi 800 muertos" de ETA.