Argentaria designa a los colocadores para los seis tramos de la privatización

El grupo bancario Argentaria y su accionista, la Dirección General del Patrimonio del Estado, han designado ya el cuadro de directores o sindicato de colocadores que llevará a cabo la Oferta Pública de Venta (OPV) del 25% del capital de Argentaria, equivalente a 31.375.000 acciones. Con la designación de los coordinadores globales -Argentaria, BBV, Santander Investment y Morgan Stanley- y del sindicato colocador, Patrimonio y la entidad financiera dan un paso importante hacia la irreversibilidad o punto de no retorno de la operación. El Estado posee ahora el 50,1% del capital de Argentaria.Según los datos facilitados por Argentaria, la OPV se realizará en seis tramos, dos dirigidos al mercado español -uno minorista y otro institucional- y cuatro a los mercados extranjeros. Los codirectores del tramo minorista general serán Argentaria Bolsa SVB, BBV, Banco Central Hispanoamericano, Banco Santander de Negocios, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. El BCH dirigirá la colocación en el tramo institucional nacional.Para la venta en Europa Continental, serán codirectores el BBV y la Unión de Bancos Suizos (UBS); el tramo del Reino Unido será dirigido por Santander y Warburg; y en el Resto del Mundo la dirección de la colocación correrá a cargo de BCH y Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC)

.Esta será la tercera privatización que se ha dispuesto en Argentaria y, una vez que se haya realizado, el Estado solamente tendrá el 25,01% del capital. Las dos privatizaciones anteriores,, realizadas en mayo y noviembre de 1993, aportaron al Estado en tomo a 290.000 millones. Las estimaciones sobre la tercera, una vez descontados los gastos de la colocación, caIculan una aportación de 150.000 millones. Fuentes de Argentaria han indicado que el periodo de mandatos de compra, una vez aprobada la operación, podría empezar en tomo al 23 de febrero. Esta decisión coincide con el compromiso de Aznar de "no decir nada que perturbe el proceso de privatización".