La Europa del consumo

Cuando fui nombrada Comisaria europea para la política de los consumidores, pensé que iba a dirigir el único sector de actividad comunitaria que, a prior¡, puede contar con el apoyo incondicional de los 370 millones de ciudadanos de la Unión. La realidad ante la que me he hallado es bastante diferente: la política de los consumidores deja indiferentes a los ciudadanos y a sus representantes políticos, por no hablar de los medios de comunicación.¿Cómo conseguir que la opinión europea participe en un proceso de toma de decisiones comunitario que considera a los consumidores al mismo tiempo como ciudadanos contribuyentes? ¿Cómo dar la palabra a esa enorme pero aún virtual fuerza transversal que incluye a todas las categorías sociales y a todas las fuerzas políticas? ¿En qué nos hemos equivocado?

No hay mejor observatorio que Bruselas para comparar la avidez con que los grandes grupos económicos siguen las principales acciones comunitarias (ya se trate de la política agrícola, la liberalización de los servicios públicos o el camino hacia la moneda única) con el evidente desinterés de los consumidores, a pesar de que estos procesos de toma de decisiones les afectan como usuarios y como contribuyentes.

La apertura del mercado interior ha fomentado la adopción de al menos unas cincuenta nuevas medidas legislativas relativas a los intereses de los consumidores; sin embargo, los sondeos del Eurobarómetro indican que esta avalancha de directivas comunitarias no han modificado la realidad que acabo de describir. La inmensa mayoría de los ciudadanos -incluidos magistrados y abogados- ignoran la existencia de estos procedimientos, que muchos Estados miembros olvidan transponer en la legislación interna.

Por esta razón, el otoño pasado, al redactar para la Comisión Europea- un documento sobre Prioridades para la política de los consumidores, que fue posteriormente aprobado, sugerí una especie de moratoria legislativa en la que, sin embargo, se insistía en la información y la educación de los consumidores (¿es lícito pensar en la posibilidad de que se imparta una hora de educación del consumidor en la escuela?) Al parecer, el camino que ha de seguirse es el de la integración de la política ole los consumidores en las demás políticas comunitarias (agricultura, moneda única, sanidad, competencia, etc.), como garantía de que los intereses de los consumidores-ciudadanos se hallen siempre en primer plano. Mediante una estrecha colaboración entre la Unión, los Estados miembros y las organizaciones representativas de los consumidores, bien mediante un reparto lógico de competencias y teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, bien mediante un sencillo cálculo del presupuesto.

Y éste es otro punto clave. La Unión gasta en política de los consumidores el 0,027% de su presupuesto, lo que representa la cifra -no astronómica- de 21 millones de ecus, con los cuales será preciso: informar a 370 millones de ciudadanos de 15 Estados; ayudar a las asociaciones de consumidores, sobre todo a las más débiles, las del Sur; financiar pruebas comparativas a escala europea; incentivar proyectos piloto para fomentar el acceso de los consumidores a la justicia, y otras actividades.

Es evidente que, si no todos están dispuestos a colaborar, poco se podrá hacer.

Unos ejemplos concretos, para entendernos mejor.

Es evidente -y cada vez más frecuente- la insatisfacción de las organizaciones de consumidores ante la escasa transparencia y la complejidad existentes en el mercado de los servicios financieros.

¿Por qué la más barata de las tareas interbancarias francesas tiene que ser más cara que la más onerosa de las tarjetas belgas similares? Yo he propuesto que en el mes de marzo se celebre en Roma un foro -organizado conjuntamente con la Presidencia italiana de la Unión Europea- a fin de que los consumidores y los proveedores de servicios financieros puedan debatir juntos y buscar soluciones.

Asimismo, desearía que se celebrara otro foro -también bajo la Presidencia italiana- sobre el proceso de progresiva liberalización de algunos servicios públicos que tienen una importancia decisiva en la vida cotidiana del ciudadano: telecomunicaciones, transportes, correos, energía. Yo creo que la apertura -más que oportuna de estos mercados debe tener en primer lugar una ventaja para el consumidor en términos de posibilidad de elección, calidad y precios. Para ello, es preciso que el Estado abandone la gestión directa de determinados servicios al mismo tiempo siga velando por la aplicación de las normas relativas a una competencia directa, por la garantía del acceso generalizado a los servicios y por la distribución equitativa de los costes a cargo de los antiguos y de los nuevos proveedores del servicio. Para que la opinión pública europea acepte y comparta esta liberalización, la Unión debería decir claramente que el objetivo prioritario no es tanto el de abrir nuevos mercados a la industria privada, sino más bien conseguir un mercado más eficaz para los consumidores.

Si el objetivo central de mi mandato es, como creo, que los consumidores tengan la misma dignidad en su relación con las instituciones nacionales y comunitarias, la meta es el crecimiento del conocimiento y de la representatividad de los ciudadanos consumidores, además de una mayor atención por parte de los políticos.

No pretendo conseguir para los consumidores una política común sino una política verdadera en el ámbito del derecho de la ciudadanía europea.

Enma Bonino es comisaria europea de Pesca, Cooperación y Consumo.