El Gobierno canario quiere derribar más de 10.000 viviendas ilegales

Canarias es una de las comunidades que soporta mayor nivel de indisciplina urbanística. Pese a su afinada legislación en la materia, la benevolencia municipal y la timorata actuación de la Administración regional ha situado en 30.000 el volumen de viviendas ilegales que existen en el archipiélago. Para atajar esta situación, el Gobierno de Coalición Canaria ha anunciado una política de mano dura que, frente a la propuesta socialista de punto final, prevé demoler entre el 30% y el 40% de las casas ilegales y regularizar las restantes.

La medida, que afectaría a más de 10.000 viviendas, ha sido calificada como un "disparate" por el PSC-PSOE y recibida con cierto recelo por el Partido Popular (PP), que apoya al Ejecutivo nacionalista. Por su parte, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha mostrado su "preocupación" ante esta política, que considera "drástica", por lo que solicitará una reunión urgente con los responsables de la consejería de Política Territorial, según anunció su presidente, Vidal Suárez.La fragilidad y la fragmentación del territorio canario, así como su riqueza ambiental y su valor turístico -recibe en torno a 10 millones de visitantes anuales-, justifican, en palabras del consejero de Política Territorial, Antonio González, "la ordenación, de una vez por todas, de esta situación angustiosa". El dirigente nacionalista reconoció que la labor es complicada y matizó que "habrá que realizar un estudio pormenorizado antes de ofrecer cifras sobre el número de viviendas que serán finalmente demolidas".

El director general de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Aurelio Ayala, confirmó, sin embargo, que en torno al 30% y el 40% de las 30.000 construcciones ilegales podrá verse afectado por tal decisión y advirtió que el resto "no será legalizado, sino regularizado".

Segundas residencias

La mayoría de las casas a demoler son segundas residencias, situadas en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Gáldar, Arona e Icod de los Vinos. El plan ya ha comenzado a aplicarse con el derribo de tres viviendas en Gran Canaria.Para el secretario de Organización del PSC-PSOE, Carmelo Padrón, es "una política errónea que provoca gran inquietud e incertidumbre social". El dirigente socialista entiende además que "no hay autoridad político-administrativa capaz de afrontar la aplicación de una medida de estas características" y recomienda alcanzar un amplio consenso, al estilo del denominado pacto del territorio que pusiera en marcha su partido durante, la anterior legislatura, antes de la moción de censura que desplazó del Gobierno a Jerónimo Saavedra.

Dicho acuerdo perseguía acabar con el proceso de ocupación discriminada del territorio mediante una ley de punto final que permitiera legalizar la mayor parte de las viviendas ilegales y reforzar en el futuro las medidas de control. Por contra, Antonio González rechaza esta propuesta por considerar que "la experiencia demuestra que la ley de punto final suele ser una ley de punto y seguido".El Partido Popular tampoco ve con buenos ojos el anuncio de demolición y condiciona su aplicación a un plan de realojamiento de las personas afectadas, según su secretario regional, Ignacio González Martín.

Precisamente, la postura que adopte el PP puede ser fundamental para hacer realidad esta política, teniendo en cuenta que los populares podrían entrar en el Gobierno de Coalición Canaria tras las elecciones generales del 3 de marzo y, sobre todo, que Política Territorial es una de las cuatro consejerías que podrían quedar en manos del partido de José María Aznar en las islas. González Martín añadió que "harán falta más de mil años para demoler las más de 10.000 viviendas".

En lo único que coincidieron los distintos partidos fue en responsabilizar a los ayuntamientos del desorden territorial, ya que, según Padrón, "la indisciplina ha dado votos tanto a la derecha como a la izquierda". Sin eludir esta responsabilidad, el presidente de la Fecam calificó de "sorprendente" y "preocupante" la política anunciada por los nacionalistas al respecto y recordó que, "además de velar por la ordenación urbanística, los alcaldes tenemos la obligación de defender los intereses de los ciudadanos".