El Supremo declara ilegal la expulsión de los artesanos de Santa Ana
El mercadillo de artesanía de la plaza de Santa Ana, que desapareció en 1990 tras ocho años de vida, ha resucitado gracias a una sentencia del Tribunal Supremo. Los magistrados consideran ilegal el desalojo, ejecutado "por la fuerza", que ordenó el gobierno municipal de centro-derecha en 1989. Al mismo tiempo, el Supremo estima que el procedimiento para prohibir el mercadillo debe iniciarse de nuevo.Por tanto, los artesanos expulsados de Santa Ana podrían volver el sábado a la plaza para instalar sus puestos amparándose en las conclusiones del Tribunal Supremo, que ha declarado nulas las actuaciones que desembocaron en la clausura del mercadillo.
Se estima así, en parte, el recurso de apelación presentado por la coordinadora de Nueva Artesanía Madrileña, formada por los tenderos desalojados de Santa Ana.
El Tribunal Supremo reconoce que la competencia exclusiva para decidir los mercadillos que se establecen en la ciudad es del Ayuntamiento. Pero declara que la clausura del mismo todavía no se ha producido de manera oficial, según informa Servimedia.
Aunque el pleno de la Junta Municipal de Centro del 4 de abril de 1989 -presidido entonces por el concejal Ángel Matanzo- incluyó en su orden del día la clausura del rastrillo de artesanos, este punto no se llegó a aprobar. Matanzo no respetó la Ley de Procedimiento Administrativo al clausurar el mercadillo.
La sentencia también señala que el gobierno municipal equivocó el instrumento jurídico para cerrar el mercadillo. La coalición CDS-PP se apoyó en la ordenanza municipal de 1986 que concede al gobierno local la competencia para regular la venta en la vía pública y espacios abiertos. Con esta competencia limpiaron la plaza de artesanos. Pero el Supremo señala que la ordenanza permite expresamente mercadillos como el de Santa Ana, que, además, funcionaba antes de la aprobación del nuevo reglamento municipal.
El plan de centro-derecha para eliminar los negocios del mercadillo de la plaza de Santa Ana se ejecutó por etapas. En 1989, Angel Matanzo, entonces presidente de la Junta de Centro, inició su cruzada pública contra el mercadillo por considerar que algunos puestos traficaban con droga. Ordenó a la Policía Municipal los días 7, 14 y 28 de octubre que impidieran la venta ambulante en la plaza. Las trifulcas entre artesanos que defendían sus negocios y agentes que obedecían órdenes habían arrancado ya en septiembre.
La batalla de Matanzo fue respaldada por el gobierno municipal, que aprobó, en marzo de 1990, un bando prohibiendo el mercadillo. Ese bando consideraba extinguida la autorización concedida al colectivo de artesanos el 1 de julio de 1982 por el entonces concejal de Centro, Francisco Herrera.
El Defensor del Pueblo, tras recibir la visita y reclamación del colectivo de artesanos, creyó legal el mercadillo y así lo manifestó. El bando municipal se olvidó y continuaron las discrepancias: los artesanos, firmes en sus puestos de la plaza; los dirigentes locales, inamovibles en su idea de cerrar los chiringuitos. La ejecución de la idea fue complicada por la numantina resistencia de los artesanos.
Cinco Policías, procesados por lesionar a los artesanos
La Policía Municipal cumplió las órdenes de los concejales y se esforzó durante varios sábados -desde septiembre de 1989- en echar a los artesanos de la plaza, recurriendo incluso a cargas violentas. En octubre, los agentes actuaron los días 7 -cuando se registraron tres detenidos y varios le sionados-, 11, 15 y 28. El 15 de octubre la guerra fue especialmente intensa: 50 agentes locales tomaron la plaza para impedir la instalación de artesanos; dos policías resultaron heridos y una persona fue detenida. Aquel día los tenderos atacaron la muralla policial utilizando como arietes las mesas de sus chiringuitos.La pelea continuó durante 1990. Un sábado agitado de febrero de aquel año dos personas fueron detenidas, dos periodistas de Telemadrid golpeados por municipales y varios agentes heridos. En marzo, tres artesanos acabaron en comisaría.Aquellas contiendas. callejeras, promovidas desde el Ayuntamiento para expulsar a los artesanos, han recibido la condena del Tribunal Supremo: "Se vulneró el principio de proporcionalidad o adecuación de medios a fines al recurrir al uso de la fuerza física, y se actuó sin requerimiento alguno a los artesanos", señala la sentencia.Las denuncias e algunos tenderos lesionados han ocasíonado la próxima apertura de un juicio oral por el que se procesa a cinco policías municipales por delito de lesiones en los sucesos de la plaza de Santa Ana, según informó ayer la coordinadora de artesanos.El 21 de marzo de 1990, José María Alvarez del Manzano (entonces era primer teniente de alcalde en el gobierno de Agustín Rodríguez Sahagún) comunicó verbalmente a los artesanos de la Plaza de Santa Ana la orden municipal que prohibía la venta en la plaza. Unas semanas después, los artesanos se rindieron. Cesaron los combates en la plaza y comenzó la batalla en los tribunales.
Los artesanos perdieron la primera partida: el 5 de diciembre de 1990, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al concejal de Centro, Ángel Matanzo: "La orden del concejal fue ajustada a derecho".
Los derrotados recurrieron al Tribunal Supremo, que, al fin, les ha dado la razón en lo fundamental, aunque rechaza la indemnización de 100 millones de pesetas que pedían por daños y perjuicios sufridos.
Los afectados por el desalojo municipal, agrupados en torno a la coordinadora de la Nueva Artesanía madrileña -que llegó a tener 150 socios-, estudiaban anoche su futuro. Al finalizar su reunión elaboraron un comunicado: "Consideramos justo el fallo del Tribunal Supremo. Por ello, ahora cobra de nuevo fuerza, y vamos a pedir al Ayuntamiento de Madrid que cumpla con la obligación moral, social, cultural a que le obliga la sentencia del Supremo".
Los artesanos entienden que el Gobierno municipal del Partido Popular debe resarcirles del daño permitiéndoles instalar sus puestos en otro mercado, "como aconseja la sentencia", según indican.
Los artesanos recuerdan que la ordenanza municipal de 1986 promueve la exitencia de un mercadillo estable en la vía pública dedicado a la venta de objetos de artesanía, por ser una actividad a proteger.
Uno de los portavoces de la coordinadora artesanal, Carmen Varela, indicó ayer que la actual plaza de Santa Ana, reformada con 50 millones de pesetas por el Partido Popular en 1991, tras la expulsión de los artesanos, todavía tiene espacio suficiente para la instalación de algunos puestos."En cualquier caso, nuestra vuelta a la plaza de Santa Ana es una decisión que debemos meditar y decidir entre todos", señaló Varela. "Lo importante es que el mercadillo de artesanía que existió debe seguir existiendo. Madrid necesita un mercado estable".
La portavoz de la coordinadora artesanal asegura que .Muchos de los que fueron expulsados hace seis años siguen hoy dedicándose al negocio de la venta de artesanía. "La mayoría permanecimos unidos por esta batalla judicial que ahora concluye", señaló.Los antiguos comerciantes de la plaza de Santa Ana consideran que la sentencia del Supremo demuestra "la responsabilidad política y moral del entonces equipo de gobierno, que arrojó hasta el final la irregular actuación administrativa y que pudo mantener con el uso de la fuerza, produciendo graves daños físicos, morales y materiales a los artesanos y público visitante".
El equipo de gobierno municipal del Partido Popular desconocía ayer la sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 15 de diciembre y comunicada a los artesanos el 16 de enero.
Esperanza Aguirre, primera teniente de alcalde, evitó opinar sobre el fallo judicial hasta no tener una copia de la sentencia.
Por otra parte, Carlos López Collado, concejal de Policía Municipal entre los años 1991 y 1995, se mostró sorprendido por el final judicial de un desalojo que duró más de un año.
En la reunión del grupo municipal del Partido Popular celebrada ayer por la tarde no se habló de un fallo judicial ocurrido. hace más de un mes. Nadie lo conocía.
