Ofertas de mili

LA MILI, el servicio militar y su obligatoriedad, se han convertido en uno de los productos más atractivos del mercado electoral desde que el antiguo partido del ex presidente Adolfo Suárez -el Centro Democrático y Social- lo presentara como cuestión estrella de su programa en las elecciones legislativas de junio de 1986. Pero el debate sobre el modelo de Fuerzas Armadas debe trascender la mera oferta electoral partidista y cuajar en un proyecto asumido en sus líneas generales por el conjunto de los grupos políticos más representativos.La llamativa propuesta del PP a favor de una mili de seis meses y de una paga mensual de 30.000 pesetas por recluta tiene ante todo el mérito de alimentar este debate. El resto de las fuerzas políticas se han apresurado a presentar o actualizar sus respectivas propuestas. El PSOE ha decidido mantener tal cual el actual modelo mixto de Fuerzas Armadas -mitad soldados profesionales, mitad soldados de reemplazo de aquí al año 2000 y mili de nueve meses-, pero algunos de su dirigentes -Alfonso Guerra señaladamente- se preguntan si no ha llegado el momento de propugnar la supresión de la mili y apostar por un Ejército profesionalizado. Izquierda Unida y CiU se han pronunciado claramente por esto último.

La evolución de la sociedad -la mayoría se manifiesta a favor de la desaparición de la mili, y los jóvenes, de forma abrumadora-, las tendencias demográficas a la baja, el aumento de objetores e insumisos y las exigencias tecnológicas de la defensa apuntan cada vez con más fuerza hacia la profesionalización del oficio militar y de las Fuerzas Armadas. Cualquier propuesta que mantenga la mili obligatoria, aun con una duración más reducida, corre el riesgo de llegar con retraso. El PP está obligado a explicar, en todo caso, cuál es el coste de la suya y en qué medida la reducción del tiempo de mili por debajo de nueve meses afecta a la viabilidad del vigente modelo de Fuerzas Armadas.

Del elenco de argumentos barajados tradicionalmente contra la opción del Ejército profesional sólo el económico mantiene hoy día su virtualidad. Pero es imposible determinar cuál es el coste real de un Ejército profesional sin evaluar previamente sus efectivos. ¿Qué Fuerzas, Armadas necesita España para que su defensa sea disuasoria en tiempos de paz y eficaz en los de guerra, así como para llevar a cabo dignamente sus compromisos internacionales en el marco de la ONU y de la OTAN? Es seguro que el contribuyente español no puede sufragar un Ejército profesional del tamaño del actual -incluso reducido al máximo de 180.000 hombres previstos para el año 2000-, pero no lo es tanto que no pueda hacerlo con otro más ajustado a esos objetivos. Algunos estudios, e incluso propuestas electorales -la de CiU, en concreto-, sitúan ese ajuste en tomo a los 100.000 hombres. Canadá, con un potencial económico parecido al de España, mantiene unas Fuerzas Armadas profesionalizadas de unos 80.000 hombres.

Es posible que el coste de un Ejército más reducido y profesionalizado no supere en demasía al mixto de hoy. La viabilidad de este último dependía de un factor esencial: el incremento progresivo de los gastos de defensa hasta alcanzar el 2% del PIB en el entorno del año 2000. Sin embargo, desde 1991, en que fue aprobado por mayoría en el Parlamento, no sólo no se produce ningún incremento en el gasto militar, sino que se ha reducido desde el 1,74% del PIB en aquella fecha hasta el 1,19% en 1995. La conclusión es clara: o el esfuerzo presupuestario en defensa alcanza ese 2% del PIB o se va hacia la quiebra financiera del actual modelo. Incluso si se decide optar claramente, con prudencia, meticulosa planificación y estricto ajuste de efectivos, funciones y necesidades estratégicas, por la profesionalización total de las Fuerzas Armadas, el nivel de gasto actual en defensa podría ser insuficiente. Francia acaba de decidirse por esta opción y ha señalado el año 2002 como fecha tope para llevarla a efecto, tal como anunció ayer Chirac. No tiene, pues, ya sentido la advertencia del canciller alemán, Helmut Kohl, a Aznar de que España no desencadene unilateralmente una reforma que pueda afectar a otros socios en la Alianza. Porque la reforma se hace inevitable, imprescindible.