18 millones cuesta al Estado la negligencia de los jueces con un enfermo peligroso
El Ministerio de Justicia e Interior ha pagado 18 millones de pesetas a María José Monteserín Gómez, viuda. de Julián Camacho, quien murió tras ser apuñalado por un esquizofrénico agudo con ideas de persecución delirantes, al que dos jueces permitieron que quedara en libertad. El motivo del pago es indemnizar por anormal funcionamiento judicial, ya que los magistrados, según la secretaría general de Justicia, "no fueron lo suficientemente diligentes", al no adoptar las medidas adecuadas para internar a este enfermo en un centro psiquiátrico ni avisar a los médicos de su peligrosidad.La muerte de Camacho se, produjo el 29 de agosto de 1991, cuando se encontraba sentado en un banco de un parque de Madrid. S. A. B. M., sin motivo alguno, le apuñaló. Detenido y juzgado el autor de la muerte, justificó su conducta en que la víctima, mientras leía el periódico en el parque, le estaba "amenazando de muerte de forma telepática". La Audiencia Provincial de Madrid le absolvió de homicidio, al aplicarle la eximente de enajenación mental, y acordó su internamiento en un centro psiquiátrico.
La viuda del fallecido, asesorada por el letrado Tomás Rosón Olmedo, planteó una reclamación de 20 millones de pesetas al Ministerio de Justicia, por considerar que la muerte de Camacho no se habría producido si no hubiera sido por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Explicó que el autor de la muerte de su esposo "de ninguna forma habría de estar en libertad y sin sometimiento a tratamiento alguno ni a expediente de internamiento ni de incapacitación, pues había demostrado reiteradamente su absoluta irresponsabilidad y peligrosidad para terceros".
Antecedentes de agresiones
La investigación realizada demostró las varias veces en que el enfermo había sido detenido con anterioridad, una de ellas por esgrimir un instrumento punzante y apuñalar a dos personas casi en el mismo sitio donde dos años después mató a Camacho.
Concluido el expediente, informado favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, Justicia ha acordado abonar a Monteserín una indemnización de 18 millones de pesetas. La resolución reconoce que "por la actuación anómala de los órganos judiciales se ha producido un grave daño", ya que, "tanto el Juzgado de Instrucción número 13 como el Juzgado de Primera Instancia número 30 no fueron lo suficientemente diligentes en la adopción de medidas en relación al autor del crimen internado en un centro psiquiátrico, para evitar que la autoridad médica le diese de alta sin la correspondiente autorización judicial".
Justicia está estudiando si el Estado va a reclamar el importe de esta indemnización a los dos jueces culpables, como permite la ley orgánica del Poder Judicial, -según el secretario general de Justicia, Fernando Escribano.
