Comisiones legales

El 6 de marzo de de 1995, en el informe de fiscalización sobre Focoex en el Congreso de los Diputados, el presidente en funciones del Tribunal de Cuentas, Ciriaco de Vicente, subrayaba que "se ha comprobado que en las operaciones de exportación en las que participa Focoex como titular se han establecido, en la práctica totalidad de las mismas, unos porcentajes para comisiones a agentes mediadores por su actuación (...). Cuando las operaciones incluyen financiación con ayuda oficial, estas comisiones tienen un límite del 5% del importe de dicha financiación, según orden del Ministerio de Hacienda de 5 de marzo de 1987, sobre medidas de apoyo oficial al crédito a la exportación; límite cuyo cumplimiento se ha comprobado en todos los casos en que ha tenido lugar, en los ejercicios fiscalizados, la citada financiación".El Tribunal de Cuentas dejaba suficientemente claro que en sus investigaciones sobre Focoex no había encontrado anomalías. En ese informe se recoge la operación para suministro educativo con Uruguay cuyo porcentaje es del 4%, tal como figura en el cuadro que acompaña al informe. El agente que recibió la comisión es Walter Estellano, quien habitualmente trabaja para Focoex en Uruguay como agente e intermediario, según ha podido saber este periódico.

En el informe del Tribunal de Cuentas se recogen otras operaciones de material educativo y de salud realizadas por Focoex en otros países suramericanos y en las que Eductrade también participó como asesora.

Estos contratos se basan en acuerdos de ayuda al desarrollo realizados por países desarrollados de la OCDE. Las operaciones se financian mediante créditos mixtos, que consisten en que el 50% se financia con los denominados créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo), cuyo interés es bajo y de pago a largo plazo, y el otro 50% con créditos corrientes aunque con cobertura de la aseguradora estatal Cesce.

Sólo pueden acogerse a esas ayudas los países cuya renta per capita sea inferior a los 2.750 dólares. Así lo establecieron los países de la OCDE en Helsinki en julio de 1992. Ese año, el límite se fijó en 2.600, aumentándose posteriormente. Uruguay hoy no podría acogerse a esas ayudas.