El alcalde no se enteró de que el Consejo de Estado le pidió el fallo contra Decaux
El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, negó ayer tajantemente que tuviese obligación de aportar al Consejo de Estado la sentencia que condenó a Jean Claude Decaux, el ex presidente de CEMUMASA, la empresa adjudicataria de los chirimbolos. Y por tres veces, como Pedro el apóstol, negó incluso la versión sobre este hecho del propio secretario general del Ayuntamiento, Mario Corella."El Consejo de Estado no nos ha pedido absolutamente nada que no le hayamos entregado, absolutamente nada", manifestó ayer durante una conferencia de prensa el mandatario madrileño.
Pero los documentos oficiales también dicen lo contrario que el alcalde. El propio dictamen del Consejo de Estado (que no entra en el fondo del asunto al no disponer de la sentencia validada oficialmente -véase EL PAÍS de ayer-) indica que pidió el fallo al Ayuntamiento el 24 de octubre pasado (junto con el informe de la Junta Consultiva de Contratación, del Ministerio de Economía y Hacienda, que sí se remitió) y que éste no lo envió. Se limitó a dar largas.
Y además, el secretario general del Ayuntamiento, Mario Corella, comunicó tal petición oficial en sendas cartas que envió a los dos portavoces de la oposición, Juan Barranco (PSOE) y Paco Herrera (IU). Cartas en las que solicitaba datos o "antecedentes" sobre la sentencia de un juez belga contra Decaux a los portavoces de la oposición apenas dos semanas después del requerimiento que le remitió a él el Consejo de Estado.
El secretario general del Ayuntamiento, además, ha explicado que la solicitud del Consejo de Estado se dirigió directamente a Alvarez del Manzano y no a él: "El alcalde me pidió que solicitase los datos de la sentencia a la oposición, y yo lo hice. Para dirigirnos al Ministerio de Asuntos Exteriores necesitábamos algún dato".
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Los documentos del expediente desmienten las declaraciones de Álvarez del Manzano
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Efectivamente, Corella se dirigió por escrito, el 8 de noviembre del año pasado, a ambos políticos para pedirlos "los antecedentes" de la sentencia. Su texto rezaba: "El Consejo de Estado, a través de la Comunidad Autónoma de Madrid, solicita la remisión de la sentencia del tribunal Belga que condenó al señor Decaux y que sirve de fundamento a las peticiones de ese grupo en los plenos de julio y octubre de este año. Como en el expediente no hay constancia alguna de dicha sentencia ni de la fecha o tribunal que la dictó, le ruego me remita los antecedentes que pudiera tener para intentar obtenerla y, en su caso, proceder a su autenticación".
Tal sentencia contra Decaux era el documento más importante para que el Consejo de Estado pudiese dictaminar si la adjudicación del mobiliario urbano era correcta o no (puesto que la Ley de Contratos del Estado impide hacer adjudicaciones a personas condenadas por soborno).
Relaciones entre autoridades
Además, Corella manifestó ayer a EL PAÍS que la solicitud del Consejo de Estado se dirigió al alcalde y no a él. "Las relaciones entre autoridades son entre autoridades", precisó.
"El alcalde me pidió que solicitase los datos de la sentencia a la oposición, y yo lo hice. Para dirigimos al Ministerio de Asuntos Exteriores necesitábamos algún dato", declaró ayer el secretario.
Según Corella, ni Barranco ni Herrera contestaron a su petición. Pero Juan Barranco telefoneó al secretario general para decirle que los datos que tenía en su poder en aquel momento eran los mismos que habían publicado los medios de comunicación. "Puede ser que Barranco me haya llamado, pero eso no es una contestación", respondió Corella ayer.
Una redactora de EL PAÍS mantuvo ayer el siguiente diálogo con el alcalde durante una rueda de prensa:
-¿Por qué no se ha enviado la sentencia sobre Decaux al Consejo de Estado como éste había solicitado?
-En primer lugar, yo le tengo que decir que yo estoy encantado leyendo lo que los medios informativos están publicando, pero a mí no me ha llegado todavía ese informe. En consecuencia, y siendo absolutamente coherente con lo que dije el otro día, hasta que no me llegue mal puedo informar. Me da la impresión de que hay una cosa muy importante en la vida, que es saber perder. Los señores de la oposición han perdido una vez más y no se resignan. Han perdido. Está bien hecho el concurso, está bien adjudicado. Está regular y absolutamente legitimada la adjudicación. Y en este Ayuntamiento no se oculta nada absolutamente a nadie. El Consejo de Estado ya contaba con esa sentencia.
-Pero no aportada por el Ayuntamiento y, por tanto, debidamente legalizada.
-El Ayuntamiento no tiene obligación más que de entregar toda la documentación que tuvo en el momento en que adjudicó el concurso. Y que el Consejo de Estado diga si en el momento en que se determinó se hizo bien o mal. Luego, los competidores, la oposición y no sé quién empiezan a buscar cosas. Lo que se plantea es si está bien adjudicado o no. Y está bien. Reconozcan los señores que dicen que está mal que está bien. Como no he leído más del Consejo de Estado...
-Veo que no quiere contestar a lo que le he preguntado.
-Le quiero contestar. Nosotros no hemos ocultado ningún tipo de documento, ninguna documentación que esté en la secretaría general de este Ayuntamiento ha sido hurtado al Consejo de Estado. Ni el Consejo de Estado nos ha pedido absolutamente nada que no le hayamos entregado, absolutamente nada.
-Pero si el propio secretario. pidió a la oposición datos de la sentencia para buscarla...
-Usted me permite que sea yo quien sepa lo que se hace en el Ayuntamiento. Absolutamente nada que se nos haya pedido ha sido denegado.
Una condena por soborno
El PSOE informó ayer de que y dispone de la sentencia que condenó a Decaux, y la enviará al Consejo de Estado. Dicho fallo fue dictado en la sala octava de vacaciones del Tribunal Correccional de Lieja el 15 de julio de 1992. Fue recurrido por dos de los condenados, y la sala sexta de la Corte de Apelación de Lieja resolvió el 7 de enero de 1993 sin que afectase a la condena de Decaux.
Este fue condenado a un año de prisión (que no cumplió por carecer de antecedentes penales) por haber sobornado al alcalde de Lieja, el socialista Èdouard Close.
Por su parte, Paco Herrera, que además ha llevado a los tribunales el caso de los chirimbolos, lamentó ayer "el pésimo funcionamiento de algunas instituciones como el Consejo de Estado".
"Se ha lavado las manos", dijo. "En realidad, lo que concluye el Consejo es que no pueden llegar al fondo de este asunto porque les falta documentación, y para eso han tardado tres meses".
