El gasto siempre se paga

El título de mi columna recuerda los melodramas de Guillermo Sautier Casaseca en la Radio Madrid de nuestra posguerra, cual La sangre es roja o Ama Rosa, sobre los que Pedro Barea ha escrito un libro de nositalgias perfumadas, La estirpe de Sautier. ¿Hay nada más melodramático que el desarreglo del gasto público que sufren nuestras democracias modernas? Aquí tienen ustedes otra vez a un servidor pidiendo a los políticos que dejen de ilusionarnos con la reducción de impuestos y que al menos se comprometan a congelar el gasto, gracias.Los redactores del Tratado de Maastricht establecieron unos criterios de buen hacer económico típicos de quienes sólo se preocupan de la ortodoxia financiera. El combatir la inflación, contener el endeudamiento y estrechar el déficit es justo y necesario, pero incompleto: como de lo que se trata a fin de cuentas es de que el Estado democrático no ahogue a la sociedad privada, habría que añadir al control de la inflación, la deuda y el déficit, un tope de presión fiscal.

En realidad, la inflación es un impuesto, corno lo son la deuda y el déficit. La inflación es un impuesto sobre el dinero y los activos no indiciados, porque, cuando sube el nivel de precios de todos los bienes y servicios, medido. por el índice del coste de la vida, cae el valor del dinero en la medida que lo exige el descubierto del Estado. La deuda pública tiende a convertirse en un impuesto, como sugirió David Ricardo en 1817: los ciudadanos perciben el aumento de la deuda como un impuesto, porque inevitablemente va a exigir un pago de intereses y de amortización del principal: esta percepción es tanto más marcada cuanto más corta sea la vida media de la deuda publica, como la española, que apenas pasa de año y medio. El déficit, o diferencia entre los ingresos impositivos y los gastos públicos, se financia o, con inflación o con deuda (o con limosnas de la UE, que son en fin de cuenta deudas). Ergo, los tres jinetes del apocalipsis no son más que un sustituto del cuarto, el impuesto. Inflación, deuda o impuestos votados por las Cortes son en lo fundamental intercambiables, aunque cada modo de recaudación tenga sus inconvenientes, de la misma forma que hay impuestos más dañinos; que otros. Tomados globalmente, los cuatro modos de atender a un gasto público excesivo, hacen daño a la economía y al bienestar general, al reducir el crecimiento de la prosperidad de los individuos y sus empresas.

Es cierto que quienes se contentan, como los fautores de Maastricht, con exigir el control de la inflación, la deuda y el déficit, sin cerrar el portillo de la tributación, centran su esperanza en la puesta en marcha de una resistencia política. Piensan que al obligar a los Estados a financiar su exceso de gasto con impuestos votados por los Parlamentos se pondrá en movimiento un mecanismo político de resistencia a la presión fiscal, que a la postre supondrá un freno del dispendio democrático. Deje usted de beber cuando vea elefantitos verdes.

La reducción del gasto público debería ser la meta de quienes dicen querer reducir la carga de los impuestos o aspiran a cumplir los criterios de Maastricht. La promesa electoral no debería ser la convergencia con las economías europeas, que todas gastan en exceso, especialmente la alemana. Saltaría yo de contento si algún partido explicara durante la próxima campaña electoral cómo iba a reducir el gasto público como proporción del PIB en dos puntos anuales, del 46% al 38% durante la legislatura.

El flamante académico de la Española Mario Vargas Llosa describió en su delirante novela La tía Julia y el escribidor lo que ocurre cuando la realidad comienza a escapar del control de los creadores de seriales radiofónicos: los, personajes muertos resucitan, los estériles se transforman en padres de familia numerosa, los protagonistas cambian repentinamente de nombre o de profesión. Nuestros ministros de Hacienda suelen enloquecer como el escribidor de las radios limeñas. Sería terrible que el próximo ministro de Hacienda sufriera el delirio que atacó en 1992 a Solchaga, quien, sin darse cuenta, gastó 4,7 billones de pesetas más de lo presupuestado.