España tiene que reducir su producción de carbón de 17,5 a 11 millones de toneladas para el año 2002
La producción de carbón nacional con destino termoeléctrico para 1997 se estima en 16,2 millones de toneladas -1,3 millones menos que en la actualidad-, según el plan remitido por el Gobierno español a la Comisión Europea. Las previsiones del Ministerio de Industria reflejan que en el año 2000 la producción se rebajará hasta los 14,2 millones de toneladas y dos años más tarde, finalizado el tratado CECA, que permite ayudas al sector, "un buen objetivo" sería poder rebajar la barrera de los 11 millones de toneladas, de los que la mitad serían procedentes de explotaciones a cielo abierto.Industria prevé que para entonces la única minería de carbón subterránea del país se podría concentrar en León -no más de media docena de compañías-, con un par de explotaciones de cierta importancia (unos 1.000 trabajadores) en la cuenca asturiana del Narcea. El empresario minero leonés Victorino Alonso, que ostenta prácticamente el monopolio de la minería privada de León, Palencia y Asturias y está acusado de fraude a la Hacienda pública y a varias empresas eléctricas por la presunta venta de carbón de importación y mineral de baja calidad, parece ser la persona en quien el Gobierno confía para colaborar en la consecución de esos objetivos.
La Junta de Castilla y León, con competencias en la materia, no pone ningún tipo de obstáculo. De hecho, Alonso inició su ascenso desde 1992 con una política de compras y fusiones de minas, que es vista con buenos ojos por Industria. No. obstante, la polémica personalidad de Alonso y los numerosos procesos judiciales abiertos contra él, suscitan cierto temor e inquietud entre las fuerzas sindicales y en especial, en CC OO, central mayoritaria en la minería.
La desaparición de Hunosa será un hecho para aquella fecha, según fuentes consultadas por este periódico. El coste de producción de las explotaciones y la evolución del precio del mineral en el mercado internacional marcarán la supervivencia de las minas españolas, "un camino durísimo", según todos los expertos del sector y opinión que comparte el Ministerio de Industria.
La reducción de plantillas, iniciada de forma galopante con la presente década, sitúa hoy en el sector a 25.500 mineros en explotaciones públicas y privadas. En la frontera del año 2002 no superarán los 8.000 trabajadores, según los mejores augurios.
La política carbonera del Gobierno español reconoce la conveniencia de "un cierto grado de autoabastecimiento" y "razones sociales y regionales" aconsejan "mantener en actividad explotaciones mineras".
