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Vocales de colegios farmacéuticos urden una oscura trama contra una botica

Vicente González Olaya

La apertura de una botica en Brea de Tajo (495 habitantes) no depende del Colegio de Madrid ni de la Consejería de Sanidad -órganos competentes, según la ley-, sino de destacados miembros de los colegios profesionales de Zaragoza y Salamanca. El alcalde Víctor Rodríguez, del PP, no iba muy descaminado cuando afirmó hace un mes que "una oscura trama de intereses" impide que su pueblo tenga farmacia (EL PAIS del 5 de diciembre). La Asociación de Farmacéuticos en Paro ha descubierto ahora a los integrantes de la trama: tos cargos farmacéuticos.

Un vocal del colegio de Farmacia de Salamanca, otro de Zaragoza y el secretario de esta última institución profesional bloquean desde hace siete años la apertura de la farmacia.El sistema que emplean es conocido con el nombre de la rueda, y consiste en lo siguiente: varios farmacéuticos piden abrir un establecimiento en un pueblo; el expediente pasa al colegio profesional, que estudia el caso y puntúa a los aspirantes según su antigüedad; el informe se envía luego a la Consejería de Sanidad. Tras el largo trámite burocrático (puede durar un año), la farmacia se adjudica por fin. Pero el beneficiario tarda en tomar posesión y finalmente renuncia; entonces vuelve a comenzar el proceso. Así ocurrió en Brea hasta tres veces. Y los tres farmacéuticos que sé prestaron a ello son directivos de sus colegios profesionales. La antigüedad les garantizaba prioridad frente a los farmacéuticos en paro.

¿El fin? Según el alcalde, impedir que se abra una farmacia que haga la competencia a la del cercano municipio de Estremera (1.100 habitantes). Su propietaria es, precisamente, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. La botica de Estremera pertenece a Julia Sánchez-Escribano, que suministra desde hace años los medicamentos a Brea. Y ha abierto, incluso, un botiquín municipal en ese pueblo para que los vecinos no tengan que desplazarse hasta Estremera, distante unos siete kilómetros.

La Consejería de Sanidad organismo que firma los permisos definitivos de aperturano quiso ayer pronunciarse sobre la rueda de Brea. Apuntó que hechos parecidos se han producido en otras partes de España". De hecho, en 1990, el Defensor del Pueblo denunció una situación semejante en la población leridana de Llavorsí (206 habitantes).

1989-1996

La historia de la farmacia de Brea comienza el 10 de febrero de 1989 cuando la licenciada Pilar Maqueda pide permiso al Colegio de Farmacéuticos de Madrid para abrir una botica en esta localidad. Su solicitud fue publicada en el tablón de anuncios del colegio, organismo que debe evaluar la petición y cuya propuesta de adjudicación ha de ser aprobada por la Comunidad. Cuando Maqueda hizo pública su petición, otras 10 personas se apuntaron también.En 1991, el colegio propuso a Sanidad que la farmacia fuese adjudicada a uno de los 11 peticionarios, el farmacéutico José Luis Dorado. Sin embargo, dos años después de serle concedida la botica, Dorado no había tomado posesión. El colegio de Madrid le retiró el permiso. Una de las causas que tal vez llevaron a Dorado a renunciar es que ocupa el cargo de vocal de Titulares (farmacéuticos con botica) del colegio de Salamanca. EL PAÍS no pudo localizarle para escuchar su versión.

En 1993, el colegio de Madrid propuso al siguiente de la lista: Bernardo Alfaro, que también se negó a abrir la botica que había pedido en 1989. Alfaro Zubiri es el secretario del colegio de boticarios de Zaragoza, y tiene un establecimiento en la capital aragonesa desde hace años.

Este licenciado explicó ayer las razones que le llevaron a la renuncia fueron "familiares". Y comenta: "Pedí la farmacia en Brea porque quería acercarme a Madrid. Tenía hijos estudiando una carrera que no se imparte en Zaragoza. Luego, esas circunstancias cambiaron y renuncié. También había pedido otras en otros pueblos". Alfaro añadió conocer sólo "de oídas" a la farmacéutica de Estremera. "Es vocal del colegio de Madrid, me parece", argumentó. Preguntado por qué varios altos cargos de colegios -y que tienen establecimientos a los que se supone un alto volumen de negocio- piden abrir una farmacia en Brea y luego renuncian a ella, responde: "Es una coincidencia. Nosotros llevamos muchos años en la profesión y acumulamos muchos puntos en los baremos. Nos suelen tocar a nosotros las nuevas farmacias. Habría que cambiar la legislación".

En marzo de 1994, el colegio de Madrid, al advertir que Alfaro tampoco abría la botica, le retiró el permiso y se lo concedió a Tomás Marco. Este farmacéutico, que es también vocal de Titulares del colegio, de Zaragoza, posee un establecimiento en el municipio aragonés de Fuentes de Ebro (3.744 habitantes). Sin embargo, hace dos meses envió una carta al alcalde donde le decía que renunciaba a la farmacia "por carecer de local". El regidor le respondió que no se preocupase por "esas menudencias" y que el Ayuntamiento le prestaba uno. Y que vieniese pronto. No sirvió de nada. Marco también se negó a ir. Preguntado por qué se interesó en 1989 por un pueblo tan pequeño como Brea cuando ya contaba con un establecimiento en Zaragoza desde hacía años, respondió: "Lo elegí porque voy mucho a Madrid. Además, tengo una hija que estudia farmacia y le podía venir bien en el futuro". Marco aseguro conocer "de vista" a la farmacéutica de Estremera.

Por su parte, Julia Sánchez Escribano, la farmacéutica de Brea, explicó también en su día (EL PAÍS del 5 de diciembre) que las acusaciones del alcalde contra ella eran "simples infamias". "No conozco a ninguo de esos farmaceúticos. Yo soy quien hace los análisis del agua en Brea [también es inspectora de Salud] y sé lo que está pasando. No puedo explicarlo, debido al secreto profesional", dijo.

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Sobre la firma

Vicente González Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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