El fiscal abre también la vía penal contra la incineradora

La Fiscalía de Madrid ha decidido abrir también la vía penal en su lucha contra las irregularidades que la observado en la incineradora de Valdemingómez, que empezó a funcionar en periodo de pruebas a comienzos de diciembre. Ahora lucha en dos frentes contra la actividad de esta polémica planta: la vía contencioso-administrativa (la semana pasada presentó varios recursos ante las distintas administraciones, con vistas a paralizar su actividad) y la vía penal. En esta última se enmarcan los interrogatorios a que fueron sometidos ayer el concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid, Luis Molina, y el director de la incineradora, Eduardo Llorente.

Ambos fueron interrogados por el fiscal del caso, Emilio Valerio, en calidad de imputados (es decir, tuvieron que ir acompañados de sus abogados).

El fiscal indaga si éstos han podido cometer un posible delito contra el medio ambiente, por el funcionamiento de la planta, informa Efe. Ignacio Claver, director de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, deberá comparecer ante el fiscal mañana, miércoles.Fuentes de la fiscalía indicaron a este periódico el pasado mes de diciembre que, entre otras cosas, la incineradora había entrado en funcionamiento sin el preceptivo informe de impacto medioambiental.

Ahora, la intención de la fiscalía (además de paralizar la actividad de esta planta por la vía contenciosa) es investigar las responsabilidades criminales en las que hubieran podido incurrir aquellas personas "con funciones de dirección y de sus competencias públicas específicas, al iniciar, promover y consentir el inicio del, funcionamiento" de la planta.

La fiscalía ya incoó el pasado 5 de octubre unas diligencias informativas, en el transcurso de las cuales declaró el concejal de Medio Ambiente, Eduardo García-Loygorri.

La llamada de este edil se produjo tras recibir el fiscal una denuncia de Greenpeace, en la que esta asociación advertía de la situación de riesgo para la salud Pública que suponía la entrada en funcionamiento de la planta.

Fuentes de la investigación explicaron ayer a Efe qué la citación de Luis Molina obedecía a que fue éste que solicitó a la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad el proyecto de medida de emisiones. Para el fiscal, este proyecto no cumple las condiciones necesarias para asegurar la debida protección de la salud de las personas y del medio ambiente. El fiscal exige una política previa de reciclado de plásticos, con una separación de los mismos antes de la incineración, así como una vigilancia efectiva de los residuos que entran en la planta

Luis Molina indicó ayer que había explicado al fiscal que la planta cuenta con autorizaciones del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y con un plan de control de emisiones que garantiza la sanidad de los madrileños". Y añadió que "son cuestiones procedimentales que no afectan a la seguridad de los ciudadanos, cuya salud está garantizada". Por su parte, Eduardo Llorente explicó al fiscal el funcionamiento de la incineradora. Indicó que éste cumple la normativa y no debe suponer riesgo para la salud.

El fiscal cree, en cambio, que están sujetas a riesgos por el funcionamiento de la incineradora las poblaciones cercanas a la planta y personas en cuya alimentación intervengan productos elaborados en su entorno.