96, año crucial

HA BASTADO que se despejen las dudas sobre la fecha exacta de las elecciones para que los líderes políticos, sin esperar siquiera a que se convoquen formalmente, salten al ruedo electoral con renovados bríos. Los desafíos de la construcción europea, las últimas y urgentes medidas del Gobierno para paliar la ausencia de presupuestos en 1995, incluso el desastre del 98... Cualquier cosa les viene bien en su intento de situarse en los primeros puestos de salida en la dura carrera electoral, que se avecina.El desastre del 98 -el de hace un siglo- " ha dado pie al candidato Felipe González Para (lar el primer puyazo al Partido Popular (PP). A su juicio, el riesgo de que se repita tal catástrofe es grande si España cae en manos de "políticos incapaces de ilusionar, dar tranquilidad y prepararla para el nuevo siglo". Una razón más enarbolada por González para justificar su presencia en la cita electoral, aunque responda a una interpetación demasiado personal de aquel evento histórico. Incluso los retos de la construcción europea de: aquí al 97 -situar a España en el grupo de cabeza de los países que cumplan los criterios de convergencia de Maastrich- son del tal envergadura para el candidato González que no quiere dejarlos en manos de José María Aznar. La frase vendría a añadir una razón masa la candidatura de González, aunque pueda responder a una valoración exageradamente alta de sí mismo e interesadamente baja del líder del PP.De momento, Aznar y su partido han preferido centrar su réplica a los puyazos de González en un terreno más pegado al presente y a la política inmediata del Gobierno. Y han escogido como punto de ataque el paquete de medidas aprobadas por el último Consejo de Ministros, a las que califican sencillamente de "electoralistas". Tienen razón si se refieren a las más coyunturales, como la congelación de las tarifas eléctricas (algo desconocido en España desde 1973), la reducción del impuesto de matriculación de los vehículos de pequeña cilindrada o la ampliación hasta cinco años del plazo durante el que pueden devengar beneficios fiscales las cuentas de ahorro-vivienda. No la tienen, en cambio, en las referentes a la reducción del déficit y del gasto público (en desempleo, educación y obras públicas, fundamentalmente), aunque sea cuestionable que otra vez se sacrifique más de lo debido la inversión en infraestructuras.

Pero la crítica del PP, como la de otros partidos, estaría más justificada si la hubieran expresado en el abortado proceso de tramitación de los presupuestos para 1996, en lugar de optar por la cómoda vía de su radical rechazo. Fue una costosa e inútil forma de expresar la censura al Gobierno, que ha provocado, en el mejor de los casos, la pérdida de seis meses en un año clave para el futuro de la economía española y el bienestar de los ciudadanos.

Las razones que aconsejaban un mayor rigor en los fallidos presupuestos del 96 no habrán perdido ni un ápice de su valor cuando, tras las elecciones del 3 de marzo, el nuevo Gobierno salido de las urnas adopte sus primeras decisiones. Ese rigor será inevitable si se quiere al menos preservar el actual ritmo de crecimiento sostenido de la economía española y llegar a la meta de diciembre de 1997 -transición a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM)- en las condiciones requeridas. La economía española está consiguiendo algo inusual: contener, cuando no reducir significativamente, la totalidad de sus desequilibrios básicos, el desempleo incluido. El mantenimiento del crecimiento económico en tomo al 3%, basado esencialmente en el aumento de las exportaciones y de la inversión privada, ha. posibilitado reducciones en la inflación y en el déficit público hasta niveles que permiten albergar algunas esperanzas de alcanzar de aquí a dos años los niveles de las economías más estables de Europa.-

Los partidos políticos -especialmente. los mayoritarios- aceptan explícitamente el horizonte de convergencia. Luego, lógicamente, sus ofertas concretas para alcanzarlo deberán constituir el núcleo de su mensaje en la inmediata campaña electoral. Será apenas un año y medio el tiempo de que disponga el nuevo Gobierno para concretar ese empeño. De ahí que los partidos con vocación de gobierno, al menos, estén obligados a especificar ante los electores los plazos concretos para la puesta en práctica de sus propuestas económicas en la perspectiva de diciembre de 1997. Más o menos garantizada la transición durante la interinidad impuesta por la prórroga de los presupuestos de 1995, corresponde a partir de ahora a las distintas fuerzas políticas eliminar ambigüedades y fechar decisiones a partir del segundo semestre de 1996. De lo contrario, puede darse por perdido el año más crucial de la próxima legislatura.