Armas sin.. control, democracias opacas

Decía Marx, acertadamente, que el secreto constituye el alma del poder "burocrático". Y ello independientemente de la voluntad de los burócratas y del tipo de burocracia. Por contra, una de las ideas normativas de las democracias liberales es la de dar publicidad a las decisiones políticas. Es decir, desvelar el secreto. Una de las reglas del juego de los Estados de derecho desde sus orígenes históricos es la de controlar a los ejecutivos sea por la vía judicial, parlamentaria o desde la misma sociedad civil (medios de comunicación, organizaciones y movimientos sociales, ONG, etcétera). Pero para proceder a controlar algo hay que empezar por conocerlo. Y ello no siempre les resulta fácil a los "controladores"." Sería ingenuo ignorar que existen cuestiones en las que a la par que inevitable resulta incluso deseable, por razones funcionales que los decisores públicos mantengan una cierta reserva. El problema sobreviene cuando algunos departamentos de las burocracias públicas utilizan este último argumento para intentar legitimar el secreto en materias en las que su conveniencia dista de ser evidente.Uno de los ámbitos en que los ejecutivos occidentales, se han mostrado más impermeables al control democrático es el del comercio internacional de armas. Los controles parlamentarios, caso de existir, resultan poco eficientes, se hacen siempre a posteriori y sin una información suficiente. Esta es una asignatura pendiente en la mayoría de las democracias occidentales. Conociendo sus limitaciones actuales, no es de extrañar que las Naciones Unidas disten de poder ejercer un control real sobre los Estados en esta materia. De hecho, a 50 años de su fundación, esta organización ni siquiera puede proveer una información fidedigna sobre la situación actual del comercio internacional de armas. Pero resulta que ni siquiera los países nórdicos, que a excepción del clima se citan a menudo como paradigma de casi todo, pueden mostrar una agenda, demasiado presentable en este punto. Y, sin embargo, se trata de un aspecto que afecta, directamente a valores liberal-democráticos decisivos como el respeto a los derechos humanos a escala mundial o la progresiva sustitución de la vía armada por mecanismos legales y, arbítrales en la solución de conflictos. Enlos últimos meses han aparecido casos de corrupción de altos cargos implicados en la venta ilícita de armas en países europeos del fuste democrático del Reino Unido, Bélgica, Francia o Alemania. En este punto, la situación legal española raya casi lo bochornoso en términos democráticos. En la práctica puede decirse que no existe control parlamentario, y que ni siquiera se dan los requisitos para una mínima transparencia en la gestión del comercio armamentístico. La ley de secretos oficiales impide dar publicidad a la exigua información que el Gobierno suministra a los pocos parlamentarios autorizados a recabar información sobre la materia. Las actas de la junta interministerial que aprueba las exportaciones españolas son secretas. Normativamente, la legislación se queda en unas difusas. indicaciones sobre la posibilidad de no autorizar exportaciones de armas cuando éstas pudieran, emplearse en contra de la paz o estabilidad de una región o en contra de los compromisos previamente contraídos por el Estado. Es decir, en términos de control efectivo, muy poca cosa, en suma, para un negocio que parece situarse por encima de los 50.000 millones anuales de pesetas. Pedir transparencia ,y control público, no es estar tocado por un pacifismo irreal y trasnochado de carácter utópico, que pretenda algo así como la desmilitarización de todos los Estados del planeta. Es. simplemente ser coherente con la misma normatividad de mocrática que quiere entender sobre el destino de un comercio que influye en la situación de millones de personas.

Éste es un ámbito donde la Unión Europea puede incidir mucho más de lo que ha de mostrado hasta el momento, principalmente a partir de los llamados "criterios comunes" del Consejo de Ministros aprobados en 1991 y 1992, y de las resoluciones del Paralmento Europeo de 1995 a favor de una futura agencia europea para el control de las exportaciones de armas. Para los próximos años resultaría conveniente, además de posible, una auténtica política europea sobre la materia que obligara a los Quince en sus disposiciones internas, a asumir principios tan básicos como el control parlamentario, una prohibición efectiva -de ventas a países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos o el derecho internacional, o que no hacen público su comercio armamentístico en las Naciones Unidas. En teoría, estos requisitos están ya comprendidos en los "criterios comunes" comunitarios, pero en la práctica su aplicación dista de ser una realidad. Tal como ha señalado este mismo año el propio Parlamento Europeo, aunque desde su posición de marginalidad institucional, la primera oportunidad de avanzar en una dirección democratizadora la constituye la revisión del Tratado de Maastricht a realizar durante la primavera de 1996. Por razones de su propia lógica interna, a menudo Gobiernos y burocracias tienden al secretismo en ámbitos en que ello resulta poco o nada justificado en términos democráticos. Y no es de esperar que cambien mucho desde su propia inercia. Por todo ello es de aplaudir la iniciativa emprendida recientemente por varias organizaciones -no gubernamentales (Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Greenpeace e Intermón) a favor de la transparencia y control del comercio armamentístico internacional. Y lo importante de esta movilización conjunta es, además, que cada una de estas organizaciones se moviliza desde su propia perspectiva normativa: la defensa de los derechos humanos, el no faciliar conflictos bélicos en zonas inestables, la defensa del medio ambiente de las armas contaminantes, o la búsqueda de soluciones no violentas a, los conflictos a través del desarrollo socioeconómico de zonas deprimidas. Presiones de este tipo constituyen el rostro amable de la famosa y ambivalente "sociedad civil". La normatividad liberal-democrática exige que se penetre en la mayoría de las cajas negra, existentes en cualquiera de sus burocracias administrativas. Cuando menos en tiempos de estabilidad, ello es algo a lo que cualquier demócrata no debería nunca renunciar.