La empresa Rontealde reabre en enero tras reducir un 30% sus emisiones de gas

Rontealde, la empresa química de Barakaldo, (Vizcaya) que ha estado relacionada con dos graves escapes de dióxido de azufre (SO2) que han terminado en los tribunales, volverá a producir ácido sulfúrico a partir de enero. Los responsables de la empresa química, controlada en un 40% por la multinacional alemana MetalIgesellschaft, han invertido cerca de 1.300 millones para cambiar el proceso productivo y reducir el volumen de gas que recorre sus circuitos en un 50% y un descenso del 30% en las emisiones a la atmósfera, según sus propios datos.

Mientras tanto, el juzgado de instrucción número 1 de Barakaldo ha intentado en dos ocasiones y sin éxito nombrar dos peritos para que redacten un informe sobre el último escape, en el que murió un hombre de 70 años. El abogado de los ecologistas estudia solicitar los técnicos directamente al Ministerio de Medio Ambiente que dirige José Borrell.Las nuevas instalaciones de Rontealde comenzaron el proceso de calentamiento el 17 de octubre, según confirmó a este periódico el consejero delegado de la empresa, Manuel Barrenetxea. La auditoría alemana Lurgi ha sido la encargada de controlar la adaptación de las viejas instalaciones al nuevo proceso productivo y el Gobierno Vasco tiene monitorizadas las emisiones por ordenador. Rontealde seguirá produciendo ácido sulfúrico -casi el 10% de los 2,9 millones de toneladas que se producen en España- pero a partir de azufre líquido en vez de sólido. Esto ha simplificado el proceso y ha reducido la concentración de gases necesarios para la producción de sulfúrico en un 50%.

Además, el nuevo sistema elimina las aguas ácidas, que eran trasladadas a la empresa Sefanitro. Rontealde ha incorporado un sistema que Lurgi ha aplicado en más de 80 plantas. En el mundo se producen casi 135 millones de toneladas al año de ácido sulfúrico, de los que 21 se fabrican en Europa.

La auditoría medioambiental Lurgi ha encontrado, según explicó Barrenetxea, algunas deficiencias en el nuevo sistema, en concreto en algunas válvulas y en un economizador. "Para finales de enero esperamos tener los parabienes de Lurgi y también de las administraciones que deben emitir las autorizaciones finales, las consejerías de Industria y de Medio Ambiente y el Ayuntamientode Barakaldo. Los responsables de Rontealde pretenden utilizar la parada habitual de agosto, para corregir los fallos menores, según explicó Barrenetxea.

Rontealde ha estado ligada, desde que comenzó a funcionar en junio de 1987, a numerosos episodios contaminantes de un gas incoloro e irritante como es el dióxido de azufre. Las noticias no dan pie a la duda. Al margen de los escapes menores resaltan los graves accidentes de septiembre de 1988, marzo de 1989, febrero de 1991 y el último, del 21 de octubre de 1994, por el que murió el vecino de Barakaldo Jesús Artiagagoitia, de 70 años. Tras el accidente, el Gobierno Vasco paralizó la factoría y la empresa fue denunciada ante los tribunales.

La instrucción del caso ha ido viento en popa en manos del titular del juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo, Agustín Hernández, hasta junio de 1995. Desde entonces Hernández ha intentado en dos ocasiones nombrar dos peritos para que redacten un informe sobre lo ocurrido en la mañana del 21 de octubre de 1994. Esta prueba, junto a las declaraciones efectuadas durante la instrucción, es considerada fundamental por los ecologistas y también por el juez. Por diferentes razones -incompatibilidad, complejidad del caso, etcétera-, los peritos señalados por el juez han rechazado en dos ocasiones hacerse cargo del peritaje, ralentizando así la instrucción, que se encuentra paralizada.

Se da la circunstancia de que Barrenetxea, el director, técnico, José A. Elizalde, y el jefe de producción, Luis María Iturriarte, fueron absueltos, de un presunto delito ecológico por un escape de SO2 ocurrido en 1988 que, según la acusación, causó "daños en la flora y la muerte de una mujer". La sen tencia absolutoria fue confirmada por la Audiencia de Bilbao.

Carlos Alonso, abogado de la plataforma ecologista Erreka, dice que esta vez quiere amarrar mejor la instrucción. Ante la paralización del sumario por la falta de peritos, Alonso estudia solicitar al juez que nombre a los peritos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente tras pulsar la posibilidad de que algunos miembros del Departamento de Biología de la Universidad del País Vasco realizaran el "complejo dictamen".