Dos años de cárcel a Juan Guerra por defraudar 42 millones a Hacienda

Juan Guerra defraudó a la Hacienda Pública algo más de 42 millones de pesetas entre 1988 y 1989, según la sentencia de la titular del juzgado de lo Penal 4 de Sevilla, Esperanza Jiménez, quien ha condenado a dos años de prisión al hermano del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. Con este fallo, el caso Juan Guerra se ha saldado hasta el momento con un empate: tres condenas y tres absoluciones. El abogado de Juan Guerra, Emilio Pérez Ruiz, anunció ayer mismo que recurrirá el fallo ante la Audiencia de Sevilla.

La sentencia del sexto juicio a Juan Guerra, que consta de 52 folios -10 de ellos ilegibles en las copias entregadas a las partes-, se ha hecho esperar dos meses y medio, ya que el juicio concluyó el 13 de octubre. En en ella se detallan las múltiples operaciones financieras que Guerra y su socio Juan Arenas, también condenado a dos años de cárcel, realizaron entre 1988 y 1989.La juez ha tardado ese tiempo en analizar la procedencia y el destino de los numerosos y millonarios ingresos que los dos condenados recibieron en sus cuentas bancarias, o en las de la sociedad Corral de la Parra, de la que eran copropietarios, y que llegaron a superar los 500 millones en dos años. El fiscal solicitaba para el hermano del ex vicepresidente nueve años de prisión.

Devoluciones fiscales

La magistrada, que multa a Juan Guerra con 50 millones, sostiene que el condenado ocultó en 1989 ingresos que ascendieron a 48 millones y medio y que en 1990 llegaron a 49 millones. En el primer año, la cuota defraudada es de 20,8 millones, y en el segundo, de 21,4 millones, cantidades con las que también tiene que indemnizar a la Hacienda Pública. La sentencia explica que Juan Guerra presentó en 1989 una declaración del IRPF en la que incluía una base imponible de 2.333.000 pesetas, por lo que había que hacerle una devolución de 116.000, mientras que en 1990, la cantidad declarada fue de 3.778.000 pesetas, y solicitaba que se le reembolsaran 356.000.El fallo relata que, en ese tiempo, las únicas rentas conocidas de Juan Guerra eran las que percibía como personal laboral del PSOE, y como trabajador de la empresa Traders Andaluces. La juez contrapone estos ingresos con su patrimonio en esos meses: es accionista de Nacusa (distribución y venta de libros), Corral de la Parra (inversión inmobiliaria) y Fracosur; participa en la compañía Elecpor (equipos eléctricos); compra una vivienda en Camas (Sevilla), otra en la calle Pedro Pérez Fernández de Sevilla; suscribe una cesión de crédito de 20 millones; compra la finca La Carrascosa a través de Fracosur; adquiere dos terrenos en Sevilla capital, otro en Cádiz... Todas estas operaciones llevan a la magistrada a concluir que la "rentas declaradas no coinciden con las reales".

El fallo desestima todas las cuestiones sobre vulneración de derechos fundamentales planteadas por Juan Guerra. Así, afirma que la dilación excesiva del proceso, cuya investigación comenzó en 1990, obedece, entre otras razones, a lo complicado del sumario, que tiene más de 18.000 folios, ya que hay que desentrañar "las operaciones y actividades realizadas por los acusados".

La magistrada recuerda que este retraso ha permitido que Juan Guerra y su socio Juan Arenas se beneficiasen del nuevo Código Penal, que ha aumentado el mínimo del delito fiscal de 5 millones a 15, ya que antes de la nueva regulación estaban acusados de cinco delitos contra la Hacienda Pública. También subraya que la investigación fue exhaustiva pero no "indiscriminada ni infundada" y añade: "Se tiene la impresión de que ni los peritos de Hacienda llegaron hasta donde debieron ni la pericial de la defensa tampoco".