Contra el consumidor

SÓLO UN grupo parlamentario está plenamente convencido de las virtudes de la Ley de Comercio, que fue aprobada ayer por unanimidad en el Congreso. Se trata de Convergencia i Unió, que ha querido hacer bandera del tópico que les identifica como partido de los botiguers. Pero casi todos, quien más quien menos, han querido también atender a esta clientela electoral, perjudicando así a la gran masa de los ciudadanos, en su condición de consumidores. La ley posterga la libertad de horarios hasta el 2001 y da potestad en esta fecha a las autonomías para establecer sus propias condiciones en el territorio, según los hábitos del lugar. Probablemente seguirán limitando la libertad de comercio.Los pequeños comerciantes consiguen así una larga tregua de seis años hasta que la libertad horaria sea posible, a menos que el correspondiente Gobierno autonómo decida lo contrario. Aunque el PP ha esgrimido una hipotética ruptura de la unidad de mercado dentro de seis años, el problema de fondo no es éste, sino el de alcanzar, en una fecha razonable y a ser posible próxima, la libertad de comercio que requiere una economía moderna y flexible y que interesa a la mayoría de la población.

No se trata de favorecer la desaparición de un tipo de negocio con un alto empleo familiar y una función dinamizadora y reforzadora del tejido vecinal, muy característico de las ciudades europeas. Es legítimo que se proponga evitar el efecto cementerio de algunas grandes ciudades norteamericanas donde el centro, repleto de oficinas, se despuebla a primeras horas de la tarde y, en el fondo, deja de ser ciudad. Lo dudoso es que esta protección tenga que hacerse a golpe de ley y de reglamento, asociada a restricciones en los horarios y días de apertura. La reconversión del sector, a la que el Plan de Modernización del Comercio Interior destina 70.000 millones de pesetas, una política fiscal adecuada, la especialización, las asociaciones para promociones, compras o financiación y crédito, son alternativas mucho más lógicas a la impuesta por la citada ley, que, en definitiva, perjudica al usuario y somete su tiempo de compra y de ocio -conceptos cada vez más integrados- a la administración por parte de la autoridad competente y no por su libre albedrío.

A tenor de lo conseguido, la ley demuestra que los tenderos están mejor organizados que los consumidores. Y el consumidor al que quiere servir esta ley no parece ser el de hoy en día, sino una ya esfumada ama de casa que tenía toda la mañana para corretear por el mercado, en vez de hombres y mujeres con compromisos laborales y con horarios coincidentes en muchos casos con los del comercio. Para estos ciudadanos que trabajan es, precisamente, en festivo cuando es posible cumplir con ciertas obligaciones que, según cómo, son placenteras devociones.