Defensa confía en que el Supremo falle en su favor frente a Garzón

El Ministerio de Defensa confía en que la Sala de Conflictos Jurisdiccionales, que hoy se reúne, le de la razón en su contencioso con el juez Baltasar Garzón en torno a los papeles del Cesid sobre la guerra sucia.La Sala de Conflictos está presidida por el presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, e integrada también por dos magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, José María Ruiz Jarabo y Pedro Esteban Álamo, y tres miembros del Consejo de Estado, Jerónimo Arozamena, Fernando de Mateo y Andrés Sánchez. En caso de empate, el presidente tiene voto de calidad.

El ministro, Gustavo Suárez Pertierra, y el resto del Gobierno basan su confianza no sólo en su creencia de que les asiste la ley para negar al juez de la Audiencia Nacional los documentos secretos, sino en que también lo sostiene así el fiscal.

El ministerio público, consultado por la Sala de Conflictos para que se pronuncie en torno al contencioso, ha estimado que el juez no puede obligar al Gobierno a que le entregue documentos clasificados, a menos que éste proceda a su previa desclasificación. Lo impide la Ley de Secretos Oficiales, que señala una única excepción a esta norma, la posibilidad de que sean conocidos por la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

Móner, a la espera

El conflicto de jurisdicción fue interpuesto por el ministro de Defensa el pasado 16 de octubre, después de que el juez Garzón le conminase, como ya había hecho en tres ocasiones con el director del Cesid, a entregar los documentos del servicio secreto sobre la guerra sucia contra ETA.

En particular, el juez reclama el acta fundacional de los GAL, así como la "nota de despacho" de 28 de septiembre de 1983, en la que se advertía del inminente inicio de actividades violentas en el sur de Francia, citadas ambas por el antiguo jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, el coronel Juan Alberto Perote.

Garzón se negó, el pasado 1 de noviembre, a admitir el conflicto en un auto en el que acusaba a Suárez Pertierra de pretender "la consumación de un auténtico fraude de ley". El ministro trasladó al día siguiente el conflicto al Tribunal Supremo, acusando a su vez a Garzón de actuar al margen de la ley.

El 15 de noviembre, la Sala de Conflictos Jurisdiccionales admitió a trámite el contencioso y desautorizó a Garzón por haberse negado a admitirlo, cuando estaba obligado a hacerlo.

El juez del Supremo Eduardo Móner, que investiga también el caso GAL, no ha solicitado los papeles del Cesid, de los que ha teñido noticia a través de las declaraciones de Perote y García Damborenea y de las providencias del propio Garzón, ya que está a la espera de que la Sala de Conflictos dicte una resolución que también le afectará a él.