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El Gobierno francés permite la negociación con los mineros tras una espectacular batalla callejera

Mientras el flamante mediador Jean Mattéoli se entrevistaba con los representantes de los ferroviarios, en Merlebach, una población minera fronteriza con Luxemburgo, 4.000 mineros de Charbonnages de France (CF) -mil de ellos enmascarados- paraban a actividad de los cuatro pozos de carbón en explotación, cortaban las autopistas, plantaban cara a 600 policías e incendiaban la sede la empresa, que no es otra que la presidida entre 1973 y 1979 por el propio Mattéoli. El resultado de la espectacular batalla callejera fue de 28 mineros y un policía heridos y la decisión gubernamental, adoptada a primera hora de la tarde, de autorizar a la dirección, de CF a negociar aumentos salariales y conciones de jubilación.

Aunque los sindicatos no han logrado extender la huelga activa -sí hay muchas empresas o actividades privadas en "paro técnico"-, el Gobierno de Alain Juppé tampoco ha logrado desactivar la protesta, que dura ya 15 días. En la SNCF (ferrocarriles), la EDF-GDF (gas y electricidad) y la RATP (metros y autobuses) el número de huelguistas sigue siendo el mismo desde hace días. Entre los trabajadores de la Administración Pública, los profesores de la Educación Nacional y los empleados de Correos y Teléfonos, sí se ha producido un cierto reflujo del movimiento reivindicativo. Además, el tráfico aéreo se vio ayer seriamente perturbado, especialmente en París, donde empleados de diversas categorías permanecían en huelga y obligaron a la cancelación de nuemerosos vuelos.El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jacques Barrot, tiene previsto reunirse hoy con representantes sindicales, aunque habrá una importante ausencia: la de Marc Blondel, de Fuerza Obrera, que exige tener a Alain Juppé como interlocutor en lo que ya es un pulso personal entre los dos personajes.

Cada vez es más evidente que el Gobierno ha optado por politizar el conflicto. Prueba de ello es que anoche, en la televisión pública se atendía una demanda del Partido Socialista (PS), y se permitía la intervención del presidente del grupo parlamentario, Laurent Fabius, para criticar la reforma. Para el Gobierno, que intenta sectorializar la protesta, el que los socialistas la quieran liderar es una buena noticia porque les permite introducir una fisura más en el frente sindical. Por su parte, el PS pretende aprovechar la oleada de descontento y capitalizarla.

La diplomacia gubernamental sigue dando muestras de rigidez y suspicacia, con una lógica que tiene más de espíritu de gestión administrativa que de responsabilidad política. El ministro de Industria, Franck Borortra, marcaba así los límites del encuentro entre Mattéoli y los sindicalistas: "Se trata de explicar en qué consiste el nuevo marco contractual entre el Estado y la SNCF, de informar, no de discutir o negociar". En cualquier caso ayer se hacía público que la firma del contrato entre el Estado y la SNCF se aplaza, como mínimo, una semana.

La misma negativa al debate se deduce de la decisión de Juppé de servirse de la prensa para publicar, hoy, a modo de encarte, en todos los periódicos menos en el comunista L'Humanité y el deportivo L'Equipe, su defensa de la reforma bajo el título "¿Conoce usted el plan Juppé?". Una encuesta confirma que el 74% de los franceses desea que dicho plan sea renegociado.

El antiguo primer ministro, el socialista Michel Rocard, le reprocha, al actual "tres errores fundamentales": el primero es "un error de calendario" consistente en haber perdido los primeros seis meses de Gobierno para, a continuación intentar reformas conflictivas en varios frentes a la vez; el segundo se deriva de haber querido imponer los distintos proyectos "sin negociar, desde la unilateralidad y sin concertación"; y el tercer error es "la excesiva presión fiscal sobre los ingresos modestos".

En la Asamblea Nacional, la oposición socialista y comunista ha presentado 4.535 enmiendas contra los tres artículos del texto de la reforma. La oposición pretende, a través de la obstrucción parlamentaria, congelar la aprobación del texto, prolongar el debate mientras siga la protesta social y forzar al Gobierno a recurrir al famoso artículo 49-3, que le permite, bajo su responsabilidad, aprobar y utilizar los textos legislativos antes que el Parlamento pueda analizarlos.

Mientras tanto, se espera una nueva jornada de protesta masiva, el martes, y sindicatos y Gobierno buscan una salida al conflicto que les enfrenta desde hace ya dos semanas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de diciembre de 1995

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