La mala suerte del arquitecto con el PP

El Partido Popular, a través del consejero de Economía y tutor del proyecto de la Ciudad de las Ciencias, cuestionó ayer, hasta la indemnización pactada en los honorarios con el despacho del arquitecto e ingeniero valenciano Santiago Calatrava, cifrados en unos 2.000 millones de pesetas y establecidos en un contrato internacional tipo para esta clase de obras. Éste no es el primer disgusto que tiene Santiago Calatrava con el PP de Valencia.Recientemente, los populares comunicaron al arquitecto que una pequeña torre, de comunicaciones, similar a la que diseñó para Telefónica junto al Estadio Olímpico de Barcelona, prevista para la ciudad de Alicante no se iba a hacer. Con el anterior gobierno municipal de Valencia, con Rita Barberá al frente y con Olivas como concejal de Hacienda, el arquitecto afincado en Zúrich comprobó que su puente del 9 d'Octubre nunca sería concluido. Encargado en la época socialista, este puente se levanta hoy todavía sin el pequeño estanque que debía reflejar la imagen de sus bajos. Calatrava sólo ha podido ver completada en Valencia una de sus obras, un puente del tipo del Alamillo en Sevilla, que cubre una de las estaciones del metro.

Bárberá, que se enteré ayer mismo de la nueva propuesta del Gobierno valenciano, manifestó que estaba estudiando el boceto del proyecto presentado por Olivas. "Me parece bien", adelantó Barberá, "[porque] cuando escuché los datos de mantenimiento del museo de la ciencia me, quede sorprendida. Los costes eran muy altos". En cambio, el concejal de Unión Valenciana y socio de gobierno de Bárberá Juan Vicente Jurado rechazó la idea del. PP. "No tiene lógica que cada vez que manda un partido distinto quiera cambiarlo todo. Es una barbaridad. El PP no ha tenido tiempo para estudiar el cambio".

Fuentes del despacho de Santiago Calatrava, que ayer estaba en Canadá, se mostraron "atónitos e indignados" con la decisión del PP, que aún no les ha sido comunicada oficialmente.

Inseguridad jurídica

Las constructoras adjudicatarias de la obra también se mostraron indignadas. Olivas señaló que la indemnización del 20% de la obra no realizada que prevé los contratos "fueron una irresponsabilidad política de los socialistas". "Desde el punto de vista legal no son válidas porque son injustas para la Administración. Si no hay solución iremos a los tribunales", sentenció Olivas.

El presidente dela Cámara de Contratistas, que agrupa a las mayores constructoras españolas en Valencia, José Ramón Antón, acusó a los populares de "inseguridad jurídica" por no respetar los contratos firmados por la Generalitat Valenciana.

Si un acuerdo o los tribunales no modifican la cantidad, la Generalitat deberá pagar a las constructoras 3.651 millones por la torre, que no se va a hacer y otros 3.136 millones por el museo. Olivas indicó que la obra hecha servirá para ubicar los aparcamientos del nuevo proyecto.