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El PP liquida la 'comisión GAL' al quedar en minoría frente a socialistas y nacionalistas

Sólo 23 días después de constituirse, la comisión GAL del Senado decidió ayer su fulminante autodisolución. Fue el PP, principal responsable de su nacimiento el que propuso liquidarla, tras quedar en minoría frente al pacto entre socialistas y nacionalistas catalanes y vascos. Previamente, la investigación se había quedado casi sin contenido, al suspenderse siete de las 15 comparecencias previstas, entre ellas, las del ex vicepresidente Narcís Serra y el ex ministro José Barrionuevo. La decisión fue tan inesperada que el general Santiago Bastos, ex jefe de la división de inteligencia interior del Cesid, se enteró de que ya no existía la comisión que le citó cuando llevaba una hora esperando para declarar.

El portavoz del PP, Ángel Acebes, sorprendió a todos al solicitar formalmente la disolución de la comisión y anunciar que, si su propuesta no era aceptada, los 14 senadores populares se retirarían de la misma. Alegó. que la anulación de casi la mitad de las comparecencias dejaba la investigación "en un esperpento" y que su grupo no estaba dispuesto a "colaborar al desprestigio del Senado".Con los votos del PP y la abstención de los demás partidos, salvo el PNV, que votó en contra, la comisión GAL decidió siaspénder de inmediato sus trabajos y proponer al pleno del Senado su disolución, "ante el boicot de los grupos Socialista, Catalán y Vasco".

Estos tres últimos grupos fueron los que previamente aprobaron, a propuesta del PSOE, suspender las citaciones previstas para los próximos días 5 y 7 de diciembre: las del ex vicepresidente Narcís Serra, el ex. ministro de Interior José Barrionuevo, el ex subsecretario de Interior Carlos Sanjuán, el ex gobernador de Guipúzcoa Juleri. Elgorriaga, los comisarios Francisco Alvarez y Miguel Planchuelo y el coronel Juan Alberto Perote, antiguo jefe de operaciones del Cesid.

Francesc Codina, de CiU, cuyo voto fue decisivo en vísperas de las elecciones catalanas, para citar a los cuatro políticos socialistas, justificó ayer su cambio de actitud aludiendo a la "complicada situación" creada por los roces de Ia investigación del Senado con los jueces.

Joseba Zubía, del PNV, que en su día apoyó la citación a los policial y al millitar, argumentó que sólo trataba ayer de aplazar subir las declaraciones que han prestado ante lostribunales.

De la estocada a la puntilla

Álvaro Martínez, de IU, calificó la supresión de las siete comparecencias de "estocada de muerte" para la investigación, pero se quedó perplejo cuando sin previo aviso, el PP le dio la puntilla definitiva.

Consumada la muerte súbita (le la comisión, los diferentes grupos se apresuraron a culparse mutuamente de su defunción prematura. Bernardo Bayona, del PSOE, aseguró que el PP había sido incapaz de gestionar la mayoría que tiene en el Senado desde las elecciones autonómicas y que había acabado con la comisión tras comprobar que no podía utilizarla contra el Gobierno.

Acebes, del PP, calificó la disolución de "mera formalidad" y dijo que era "la única salida digna" después de que, con el cambio de voto de CiU, se hubiera "desnaturalizado" la investigación parlamentaria. Martínez, de IU, cargó con dureza contra el PNV, al que acusó de romper los compromisos adquiridos con él bloque que impulsó la creación de la comisión, pasándose al bando de los que siempre se opusieron a ella.

La viabilidad de la investigación quedó seriamente cuestionada el jueves por la noche, cuando portavoces y miembros de la Mesa de la comisión GAL, reunidos para acordar las personas que serían citadas a partir del día 11, fueron incapaces de aprobar ni uno solo de los más de 70 nombres que propusieron los distintos grupos.

Además, el ex colaborador de Interior Francisco Paesa in formó desde Moscú que sus negocios le impedían desplazarse a Madrid; mientras que Alvarez y Planchuelo, procesados por el caso GAL, pidieron un aplazamiento pues sus abogados estarían de vacaciones du rante el puente de la Constitución. Por último, el juez militar advirtió al coronel Perote, actualmente en prisión, de su deber de guardar secreto.

En estas condiciones, las únicas comparecencias que iban a celebrarse eran las más perjudiciales para el PP, como la del ex director general de la Guardia Civil José Antonio Sáenz de Santa María, quien ha criticado la actitud de este partido en el caso GAL y ha recordado que la guerra sucia no empezó con el PSOE.

Los senadores sólo han escuchado a tres comparecientes: el ex director de la Policía Rafael del Río y los investigadores del caso Lasa-Zabala, a quienes el juez Carlos Bueren prohibió revelar dato alguno del sumario.

El presidente del Senado, Juan José Laborda, aseguró que lo sucedido con la comisión GAL no daña el prestigio de la Cámara, aunque calificó de "un poco insólito" su final.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de diciembre de 1995

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