El ministro que se ganó a la policía

José Barrionuevo Peña, de 53 años, inspector de Trabajo, el primer ministro de Interior de Felipe González, podrá por fin prestar declaración ante el juez sobre los GAL, una organización terrorista que perpetró entre 1983 y 1986 cerca de una treintena de asesinatos en el País Vasco francés. No lo hará como testigo, sino como imputado por tres delitos: secuestro, malversación de caudales públicos y pertenencia a banda armada.Barrionuevo saltó a Interior desde la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. A eso se reducía su experiencia en el área del departamento que le fue encomendado tras la resonante victoria del PSOE en las urnas en octubre de 1982, aunque tenía experiencia, en la Administración.

Había sido delegado del SEU, el sindicato estudiantil de la dictadura; había ocupado la jefatura del gabinete técnico de la Secretaría General del Movimiento, y, después, la Subdirección General del Ministerio de Trabajo en la transición. A raíz de su nombramiento como ministro hizo fortuna un supuesto comentario de González. Barrionuevo era el candidato ideal, según las palabras atribuidas al jefe del Gobierno, "porque tiene cara de represor".

En el ministerio tuvo que enfrentarse a un problema, de fondo, la desconfianza reciproca entre el nuevo partido gobernante y los cuerpos de seguridad, directamente procedentes del franquismo y masivamente implicados en la represión de los enemigos de la dictadura. Barrionuevo escogió la vía de ganarse a la policía y la Guardia Civil. Con esta última experimentó un flechazo que no tuvo inconveniente en relatar en público.

Sus armas para soldar un nuevo clima de confianza fueron dos, una ley antiterrorista que alargaba hasta 10 días los plazos de detención policial -interpretada como una salvaguarda para las prácticas de tortura- y una ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que consagraba *con carácter general el privilegio del aforamiento para policías y guardias civiles acusados de delitos.

La primera fue aprobada en diciembre de 1984 y la segunda, en octubre siguiente. Del plazo de 10 días de detención policial, antes de la intervención del juez, se hizo una interpretación tan extensiva que la ley fue aplicada a delincuentes comunes, como Santiago Corella, desaparecido y presuntamente asesinado mientras se encontraba en manos de la policía.

Anuladas por el Constitucional

Ambas leyes fueron anuladas por el Tribunal Constitucional en los extremos citados. La antiterrorista, en diciembre de 1987, y la de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en marzo de 1990. Fueron derrotas legales sonadas de Interior, de su titular y del Gobierno, pero Barrionuevo se ganó con ellas la confianza de los cuerpos policiales. Sintieron que era uno de los suyos.El ministro abrió hacia ETA vías de diálogo, al menos verbales. Ofreció una y otra vez a los terroristas la posibilidad de mantener contactos para acabar con la violencia, una especie de vía de rendición pactada. Pero los intentos no fructificaron, aunque existen indicios de que Barrionuevo llegó a implicarse y a participar personalmente en conversaciones secretas con dirigentes de Herri Batasuna. Correspondería a su sucesor, José Luis Corcuera, explorar y cerrar con un fracaso el diálogo con ETA en las conversaciones de Argel de 1988.

El mandato de Barrionuevo, entre el 3 de diciembre de 1982 y el 8 de julio de 1988, cubre temporalmente la totalidad de las acciones terroristas de los GAL, incluida su gestación a través de precedentes como el. secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala o el intento frustrado de secuestro de José Larretxea Goñi, por el que fueron detenidos en Francia un inspector de policía y tres geos.

Barrionuevo rechazó desde el primer momento toda sospecha o insinuación de relación entre los mercenarios, de los GAL y el Gobierno o los aparatos policiales, se encaró con los escasos diputados que osaron preguntarle en el Congreso, contestó con desparpajo a un diario italiano que "el Gobierno ha pasado a la ofensiva", después de los dos primeros atentados mortales de los GAL, y sólo tras el cuádruple asesinato del Monbar pronunció una condena tajante y los consideró "banda de vulgares asesinos".

Entretanto, el ministro había desbaratado cualquier propósito de renovar a la policía desde la cúpula del ministerio. Los "progresistas" son desplazados de un plumazo, con el subsecretario Carlos Sanjuán a la cabeza, y sustituidos en febrero de 1984 por lo que ahora resulta una extraña mezcolanza. Desembarcan en el departamento el núcleo de los hoy procesados por el caso GAL, convertidos en acusadores de su ex jefe, y antiguos policías franquistas de la Brigada Político Social. Entre los primeros, Julián Sancristóbal y Francisco Álvarez. Entre los segundos, Manuel Ballesteros y Jesús Martínez Torres, ambos acusados de torturas durante la dictadura.

Álvarez primero y Sancristóbal después acabarían siendo los testigos clave para conducir a Barrionuevo ante el juez del Tribunal Supremo Eduardo Móner. Los testimonios renovados de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez dieron en la cárcel con los huesos del ex director de Seguridad del Estado y del ex jefe del Gabinete de Operaciones Especiales.

Barrionuevo reaccionó asumiendo la defensa pública de sus antiguos colaboradores y acudiendo a_visitarles en las prisiones hasta el punto de que fue comparado con sarcasmo desde ciertos sectores del País Vasco con los abogados de los presos de ETA. Luego, cuando Álvarez y Sancristóbal se sumaron al coro los que le señalaban con el dedo, el ex ministro confesó un día en una emisora de radio que le sorprendía el número de traiciones y traidores en España.

Ex colaboradores que acusan

Sancristóbal acusa a Barrionuevo, y a su segundo, Rafael Vera, de haberle dado luz verde para el secuestro del presunto dirigente de ETA Mikel Lujua. Los mercenarios se equivocaron y secuestraron a Segundo Marey, sin la menor relación con la organización terrorista. Vera, según Sancristóbal, entonces gobernador civil de Vizcaya, le telefoneó para advertirle del error, pero fue Barrionuevo el que indicó, en conversación posterior, que debía retenerse a Marey para presionar a los franceses.El ministro, siempre según el testimonio de. Sancristóbal, tuvo conocimiento de la reivindicación del secuestro a nombre de los GAL y autorizó luego la liberación del rehén. El secuestro fue financiado con un millón de francos de los fondos reservados, que Vera entrego en mano a Sancristóbal, según éste, con autorización de Barrionuevo. Alvarez ratifica las acusaciones de Sancristóbal y dice haber estado presente, con otras personas, mientras Sancristóbal hablaba desde su despacho con el ministro.

Todos los intentos del ex ministro para apartar del caso a Baltasar Garzón fracasaron. El Consejo General del Poder Judicial archivó tanto su queja de "indefensión" como su denuncia contra el juez por filtración del sumario. Barrionuevo acusó a Garzón de actuar por motivos "poco, limpios" e insinuó que le movía el rencor contra el Gobierno. Nada pudo impedir que los 11 magistrados de la Sala Segunda del Supremo decidieran, el 27 de octubre pasado, atender por unanimidad la petición de suplicatorio de Móner.