Granados instruye a las fiscalías sobre un nuevo papel en la prisión provisional

La decisión de encarcelar a Mario Conde que el 11 octubre adoptó el juez Miguel Moreiras -quien unas horas después la modificó- no se hubiera podido producir hoy al haber entrado en vigor el precepto que impide a los jueces de instrucción tomar esa iniciativa si ninguna de las partes se la pide. El nuevo papel de los fiscales en relación con la prisión provisional ha llevado al fiscal general del Estado, Carlos Granados, a elaborar una circular sobre su aplicación, que en principio exigirá aumento de plantilla -suplido por el momento con sustitutos- y mayor movilidad de los fiscales, que tendrán que trabajar con un busca.

La iniciativa de Moreiras, no frecuente entre los jueces de la Audiencia Nacional, -que suelen actuar a petición del fiscal o las otras acusaciones-, viene siendo habitual en la gran mayoría de los jueces de instrucción, que acuerdan la prisión provisional de los detenidos sin que nadie se la pida. A partir de hoy (véase EL PAÍS de ayer), el juez puede decidir de oficio la libertad provisional, pero para acordar la prisión provisional necesita que se Ia pida una de las partes. Lo habitual es que lo haga el fiscal.Granados, en la circular de 46 folios emitida ayer, avala la filosofía inspiradora de la reforma legal. Según el fiscal general favorece el derecho fundamental a la libertad, así como el principio acusatorio y los de oralidad y contradicción, mediante una comparecencia de las partes, previa a la decisión, que el juez venía adoptando en solitario. Sin embargo, critica un "cierto distanciamiento de la realidad", teniendo en cuenta "la crónica insuficiencia de medios personales y materiales que sufre el Ministerio Público".

La interpretación que hace la circular trata de aminorar los problemas, mediante una aplicación no retroactiva de la nueva ley y el rápido estudio por el fiscal de cada caso, de modo que si considera que procede la libertad lo comunique al juez, para que "deje sin efecto la convocatoria para la audiencia". Granados pretende de este modo ahorrar desplazamientos innecesarios partiendo de que las fiscalías suelen estar radicadas en las capitales de provincia, mientras que los jueces de instrucción tienen sede en muchaa más localidades.

Hasta tanto se creen las 127 nuevas plazas de fiscales que, según fuentes de Justicia, se convocarán próximamente, se están contratando fiscales sustitutos y las fiscalías preparan destacamentos de fiscales y utilizarán el sistema del busca para tenerlos localizados. La fiscalía de Madrid tratará de coordinarse con los jueces, que hoy se reúnen en junta sobre este asunto.

En Barcelona, con 145 fiscales, la opinión extendida es que la necesidad de desplazarse físicamante a cada juzgado para la comparecencia sobre la situación personal de un detenido creará problemas en la fiscalía, informa Blanca Cía. "Como todo, dependerá, en gran parte, del buen hacer del juzgado y de la coordinación entre magistrados, fiscales y abogados", comentaba ayer un fiscal de Barcelona.

"El Gobierno ha comprendido el problema, pero como todo depende del dinero no ha aumentado las plazas que pidió la inspección fiscal", afirma el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Enrique Beltrán, informa Sara Velert. Esta fiscalía dispondrá de cinco sustitutos, que junto a otros 31 de los 65 fiscales que forman la plantilla, cubrirán las comparecencias de los juzgados ubicados fuera de Valencia, donde está el problema", dice Beltrán.

En Sevilla, las dificultades son también de falta de medios materiales y personales. "La ley hay que cumplirla, pero hay problemas de infraestructura graves", señalaron fuentes de la fiscalía, que añadieron que la normativa "da por supuesto que el Ministerio Público está implantada por toda la provincia, cuando no es así", informa Luis Barbero. Por el momento, se ha acordado la creación de dos destacamentos permanentes, compuestos cada uno por cuatro fiscales, en las localidades de Lora del Río y Osuna, y se nombrarán cuatro fiscales sustitutos.