El Gobierno alemán rechaza una propuesta para investigar si en España se tortura

El Gobierno alemán está convencido de que "el procedimiento para conseguir declaraciones de testigos en España está regulado según los principios del Estado de derecho" y desaconseja realizar investigaciones en España sobre este delicado asunto para no provocar una reacción airada de la parte española. Con esas palabras textuales respondió el Gobierno de Bonn a través de un escrito del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Parlamento Federal (Bundestag), a una extensa interpelación de 20 preguntas del grupo parlamentario del poscomunista Partido del Socialismo Democrático (PDS).

El PDS había interpelado al Ejecutivo en relación con el proceso abierto contra el presunto etarra Benjamín Ramos Vega, de 33 años, quien espera encarcelado en Berlín la decisión del más alto tribunal de la capital alemana sobre su extradición a España. El Tribunal Supremo berlinés ha pedido de España, como condición previa a la extradición de Ramos, garantías de que no sufrirá torturas y tendrá un tratamiento médico adecuado en las cárceles españolas. Al mismo tiempo, EL PAÍS ha tenido acceso a una carta del Ministerio alemán de Asuntos Exteriores al de Justicia en la que desaconseja realizar sondeos diplomáticos en España para averiguar si se realizan prácticas contra los derechos humanos, "puesto que la puesta en duda del respeto a los principios del Estado de derecho y la fidelidad de España a los tratados podría ser rechazada como injuriosa por parte española".La,diputada del PDS Ulla Jelpke, de 44 años, que se define como activista de izquierda en el 68 y ligada después a movimientos feministas, presentó en nombre de su partido en el Bundestag la larga interpelación de 20 preguntas sobre la tortura en España, sobre lo que da una detallada lista de horrores. Quería saber el PDS si el Gobierno alemán está informado de la existencia de esas torturas en España y qué garantías existen para que el presunto etarra Ramos no sea entregado a un país donde se cometen semejantes atentados contra los derechos humanos.

Respuesta escueta

El Gobierno ha respondido por escrito de forma bastante escueta a la extensa interpelación del PDS. En esencia, el Gobierno alemán dice que no tiene constancia de la existencia de tales prácticas, afirma desconocer unos informes de la comisión de torturas del Consejo de Europa y sólo en un caso concreto responde: "El Gobierno federal tiene conocimiento de que el señor Felipe San Epifanio Sampedro, Pipe, ha afirmado haber sido maltratado en prisión. Sin embargo, el Gobierno federal no tiene ninguna posibilidad de realizar investigaciones en otros Estados para comprobar el grado de verdad de tales declaraciones".Por lo demás, en la respuesta, el Gobierno se refiere a la competencia del Tribunal Supremo de Berlín, encargado de fallar el caso de extradición de Ramos. El Ejecutivo alemán asegura que no tiene la menor intención de interferir en la decisión del poder judicial en un procedimiento abierto. En una carta urgente, remitida el pasado 1 de agosto, en respuesta a un escrito del passdo 28 de abril, curiosa urgencia para una respuesta que se demoré tres meses, el Ministerio de Exteriores alemán responde al de Justicia, que había preguntado por las presuntas torturas a "San Epifanio Sampedro" y las garantías, para la extradición de Ramos. En la carta se asegura que, según informaciones de la Embajada de Alemania en Madrid, "no se debe temer que al extraditado se le torture en España". Añade la carta que el consulado alemán en Bilbao atribuye las acusaciones de torturas contra la policía a organizaciones de extrema izquierda del entorno de ETA. La Embajada alemana en Madrid informó el pasado 25 de julio a Bonn: "Tras agotar todas las fuentes disponibles, la Embajada no ha recibido ninguna indicación concreta sobre un maltrato a San Epifanio. Las afirmaciones sobre torturas proceden exclusivamente de los mismos afectados o del entorno de ETA y sus abogados". Añade el Ministerio de Exteriores al de Justicia que las fuentes de investigación quedan así agotadas, porque la embajada no pueden realizar una investigación propia.

Advierte Exteriores que el tribunal puede (como así ocurrió) pedir garantías y hacer depender de ellas la extradición de Ramos, pero "con ello la reacción de la parte española podría resultar sumamente crítica y tener repercusiones sobre el conjunto del tráfico de relaciones jurídicas de ayuda mutua. Se desaconseja realizar los correspondientes sondeos por parte de la embajada, puesto que poner en duda el respeto a los principios del Estado de derecho y la fidelidad a los tratados de España seria rechazada como una ofensa por parte española".